Ley de bienestar animal es letra muerta en municipios de Quintana Roo

Municipios ponen trabas para cumplir con su parte en la protección a los animales, afirman activistas.

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Ley de bienestar animal es letra muerta en municipios de Quintana Roo. (Foto: Pxhere)
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Organizaciones civiles protectoras de animales exhortaron a los diputados de la XVI Legislatura, a modificar la Ley de Bienestar Animal para establecer mecanismos que obliguen a los Ayuntamientos a acatarla.

Rafael Rivero Aburto, integrante de la organización civil “Toda Vida es Importante”, citó como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Othón P. Blanco que hasta el momento ni siquiera ha acoplado su normativa local para adaptar las disposiciones de la nueva ley.

“Y por eso siguen sucediendo casos donde pides la intervención del ayuntamiento en un caso de maltrato animal, pero no hacen nada: ya sea porque no saben actuar o porque ignoran que la ley establece que su obligación ser los primeros en responder estas quejas, por lo que ya debieron de haber avanzado en estos tres años en construir todo el sistema que se requiere para hacerlo”.

Citó como ejemplo que el pasado viernes se pidió la intervención de Centro de Bienestar Animal de Othón P. Blanco para recoger a un perro muerto en el interior de una vivienda de Américas III.

“Los vecinos se quejaron del olor insoportable, ya que el can está a punto de reventar. El ayuntamiento no quiso intervenir argumentando que no era su facultad. Les demostramos con ley en mano que sí lo era, pero luego señalaron que no podían hacer nada porque el perro estaba adentro del terreno, lo que demuestra que desconocen que existe un protocolo para actuar en estos casos”.

Citó que similares problemas han enfrentado organizaciones defensoras de animales en el resto de los municipios de Quintana Roo: policías municipales que no quieren atender denuncias cuando asesinan a una mascota o la dejan bajo el sol o muertos de hambre por varios días.

Por esta razón, pidieron a los legisladores que establezcan candados más estrictos para que los Ayuntamientos acaten las disposiciones de la Ley en la materia, bajo la pena de ser sancionados si no lo hacen en un tiempo límite. 

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