Edgar Olavarría/ SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- El denominado Plan Maestro Cancún del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) continua “estancado” por litigio ambientalista, a casi dos años de la devastación de flora y fauna del proyecto Malecón Tajamar para la construcción de proyectos inmobiliarios y centros comerciales, que según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), las obras de desmonte del manglar y relleno del humedal con material pétreo “no constituyeron un caso de ecocidio ni de devastación ambiental”.

Según Fonatur a través de la oferta de vivienda vertical e incorporación de plazas y complejos de oficina sobre una superficie de 78.4 hectáreas, basado en uso de suelo mixto Cancún no sólo sería un referente como destino vacacional, sino también potenciaría la inversión y diversificación económica en la zona, no obstante, las 23 empresas propietarias de al menos un predio aún no han cristalizado ese concepto urbanístico, como consecuencia de las suspensión definitiva respecto a las obras que se realizan en el lugar.

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A pesar que Fonatur aseguró contar con todos los permisos para la edificación del proyecto Malecón Tajamar”, asociaciones civiles como “La Tierra Nuestra Casa, Guardianes del Manglar Tajamar y Salvemos Manglar Tajamar iniciaron la batalla legal en defensa de la protección del humedal bajo los lineamientos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente (LGEEPA), el artículo 60 TER y segundo parrado del artículo 99 de la Ley General de Vida Silvestre.

Batalla legal

La batalla legal inicio en 2015, a raíz de la primera devastación registrada y contra la Semarnat, Fonatur, Profepa y el Ayuntamiento de Benito Juárez, por dos vías una denuncia ante Procuraduría federal de Protección al Ambiente y una demanda de amparo por el derecho a un medio ambiente sano.

• 28 de julio 2015: A través de las redes sociales se difunde el desmonte del manglar y solicitan apoyo.
• 4 de agosto 2015: A raíz de la indignación ciudadana Salvemos Manglar Tajamar presentó 4 mil 333 firmas ante la Profepa con base a una denuncia popular sobre un desmonte ilegal.
• 12 de agosto 2015: La Profepa concedió una suspendió actividades y obras de cambio de uso de suelo en 10 lotes de Tajamar.
• 27 de agosto 2015: Por su derecho a un medio ambiente sano 113 menores de edad presentaron una demanda de amparo
• 15 de septiembre 2015: La respuesta de la población benitojuarense permitió recopilar 4 mil 544 firmas para respaldar un escrito dirigido a SEMARNAT.
• 4 de noviembre 2015: El juzgado Cuarto de Distrito concede suspensión definitiva a favor de 113 niños. Sin embargo, fijo una fianza de 20 millones 985 mil 643 pesos, a pagar en 5 días para compensar daños a los 23 empresarios que construían en Tajamar 
• En 2016, se registró y documentó la segunda gran devastación se presenta una demanda de amparo de una ciudadana por violación a la libre circulación y violación a un derecho de un ambiente sano.
• 16 de enero 2016: Entre excavadoras, camiones de volteo y pipas de agua potable, arriban a las 2 a.m 70 camiones, paralelamente, llegan grupos antimotines que cercó el polígono y resguardo por casi 36 horas el desarrollo de las obras.
• 18 de enero 2016: Se documenta la presencia de animales endémicos de la región muertos y la presencia de algunos cocodrilos vivos.
• 19 de enero 2016: Ante esta devastación el juzgado Segundo de Distrito otorga una suspensión provisional.
• 2 de febrero 2016: Afín de evitar el desmonte del manglar y el relleno del humedal con material pétreo, el juzgado Segundo de Distrito concede una suspensión definitiva, no obstante, el juicio de amparo continúa hasta que se resuelva la Audiencia Constitucional.
• 23 de junio 2016: El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, desecha el recurso de revisión para revocar la fianza de la demanda interpuesta por los 113 niños.

En 2017, proveniente del juicio de amparo 1194/2015 del Juzgado 4 de Distrito llega a la Segunda Sala de la SCJN el expediente 661/2016 iniciado por el derecho a un medio ambiente sano.

29 de mayo de 2017: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrae la demanda interpuesta por los 113 menores de edad