El complejo Mayakobá, ubicado en la Riviera Maya, forma parte de los negocios operados en Quintana Roo por algunos de los millonarios mexicanos señalados de utilizar paraísos fiscales para un sinfín de objetivos, incluyendo la evasión de impuestos.

Pandora Papers, una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participaron Quinto Elemento Lab y Proceso, en la parte mexicana, incluye en la lista a Fernando Chico Pardo y a su hijo Andrés Chico Hernández.

“En 2010 el multimillonario Fernando Chico Pardo, junto con su hijo, Andrés Chico Hernández, y su socio de muchos años, Federico Chávez Peón Mijares, creó la sociedad Piccolo 34 Limited en BVI. Su propósito consistía en ser propietaria legal de un yate Sunseeker 34M de 11 millones de dólares, parte de los cuales fueron canalizados a través de una sociedad de Delaware, llamada Picolo LLC”, señala la publicación de Proceso.

El reportaje consigna que a través de un correo electrónico, un vocero del empresario recalcó “que la sociedad había sido reportada ante el SAT y que su jefe había vendido el yate, pero ya no contestó por escrito a un cuestionario”.

En una operación consumada el 4 marzo de 2020, la familia Chico se convirtió en la propietaria del 27.1% del capital social de RLH Properties, S.A.B. de C.V.

Las acciones fueron vendidas por Activos Turísticos de México, así como por Allen de Jesús Sangines-Krause y Jerónimo Bremer Villaseñor.

El informe anual 2020 de la compañía, que participa en la Bolsa Mexicana de Valores, no aportó mayores detalles y solo informó a los socios que la adquisición fue “por parte de un vehículo propiedad de algunos miembros de la familia Chico”.

Sin embargo, con esa operación, los millonarios exhibidos a nivel internacional se convirtieron también en propietarios de Entorno Mayakobá, que incluye cuatro complejos hoteleros de lujo, un campo de golf y desarrollos residenciales con marca hotelera.

Se trata del hotel Rosewood Mayakobá, el campo de golf El Camaleón Mayakobá, el Pueblito y la Marina Mayakobá que RLH controla en un 100%; el Terreno Mayakobá (27.2%); el Hotel Fairmont Mayakobá (89.84%); el Hotel Banyan Tree Mayakobá (94.40%); y el Hotel Andaz Mayakobá (60%).

Desde el 4 de marzo de 2020, Andrés Chico Hernández y Felipe Chico Hernández, son Copresidentes del Consejo de Administración; y miembros del Comité Ejecutivo de RLH.

Junto con el complejo en la Riviera Maya, la sociedad también ha adquirido hoteles en la Ciudad de México, en Nayarit, así como en España, según el reporte público.

 Frenan autoridades ambientales crecimiento de Ciudad Mayakobá

 Ciudad Mayakobá, la segunda etapa del complejo que fuera de la compraventa del complejo, recibió de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un cuarto rechazo en su intención de conseguir un cambio de uso de suelo.

En esta ocasión se trata del proyecto “V3”, ingresado para su evaluación mediante una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en julio pasado.

El proyecto buscaba la lotificación de un predio de más de dos hectáreas, con la intención de construir edificios para la venta a compradores de alto poder adquisitivo.

Con esta negativa, “V3” se une a los proyectos Asenda Ciudad Mayakobá, HO5A y Downtown Ciudad Mayakobá, los cuales corrieron la misma suerte en los últimos tres meses.

El promovente, de nombre Mayakobá Country Club, pretendió invertir nueve millones de pesos, sólo para la etapa de desmonte, con una proyección de vida útil del proyecto para más de 50 años, de acuerdo con el documento ingresado ante la Semarnat.

La superficie propuesta para “V3” fue de 2.4 hectáreas de terrenos forestales, con un aprovechamiento a través de un desmonte previo de 1.5 hectáreas.

El plan maestro de Ciudad Mayakobá, ubicado en la salida norte de Playa del Carmen que los agentes inmobiliarios lo han calificado como la “Zona Diamante” por la edificación de desarrollos de bienes inmuebles dirigidos a compradores con alto poder adquisitivo, se construye sobre un predio denominado El Ximbal de más de 161 hectáreas.

En el listado de proyectos dados a conocer a finales de septiembre por parte de la dependencia federal, y conforme al proceso de gestión jurídica en materia ambiental, dicho proyecto tuvo como resultado un “No Aplica”, es decir, se le niega la autorización para realizar los trabajos.

(Con información de: B. Pat / O. Martínez)

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