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CANCÚN, Q. Roo.- El magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial de Quintana Roo, Juan García Escamilla, declaró ilegal la reforma aprobada en 2014 al Plan de Desarrollo Urbano de Cancún que autorizaba la construcción de un complejo hotelero dentro de dos áreas naturales protegidas, informó el portal Noticieros Televisa.

Al resolver un amparo, el magistrado anuló la sesión de cabildo en la que el ayuntamiento de Benito Juárez aprobó dicha reforma y dictaminó que la autoridad municipal no fundamentó la causa para modificar el plan de desarrollo urbano.

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El fallo judicial cancela la construcción de un hotel de 15 niveles, con 565 habitaciones, dos bares acuáticos y cinco albercas, el cual se pretendía construir en la zona conocida como Punta Nizuc.

Era un proyecto lleno de irregularidades, según grupos de ambientalistas que interpusieron varios amparos e incluso acusaron al ayuntamiento de Benito Juárez de modificar el plan municipal de desarrollo urbano para poder autorizar dicha obra.

Punta Nizuc

“El municipio lo que hace es: abre una sesión de cabildo para cambiar las densidades de este terreno y darle a Punta Nizuc la densidad que necesitaban”, denunció en febrero de 2016 Araceli Domínguez, del grupo ecologista El Mayab.

“Fue muy desafortunado este plan de desarrollo urbano porque lo que hizo fue incrementar de 4 niveles permitidos de construcción a 16 niveles y de 75 cuartos por hectárea a 275 cuartos por hectárea”, explicó Alejandra Serrano, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Antes de que el ayuntamiento de Benito Juárez reformara el Plan de Desarrollo Urbano, la Secretaría del Medio Ambiente había declarado improcedente el proyecto de ese hotel.

En marzo de 2015, la Semarnat negó la autorización de la manifestación de impacto ambiental para que se construyera y determinó que tampoco se aprobara por excepción el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Sin embargo, 9 meses después, cambió su dictamen y aprobó la manifestación de impacto ambiental.

Impacto y Riesgo

Alfonso Flores, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat, justificó que el cambio de criterio fue porque la empresa hotelera había corregido las fallas técnicas.

Según la escritura pública, el grupo hotelero español pagó 38 millones de dólares por el predio al ayuntamiento que encabezaba el priista Paul Carrillo, quien buscó ser candidato a gobernador y suceder a Roberto Borge.