Enrique Huerta/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Con 29 millones de pesos de presupuesto en 2018, la Fiscalía Anticorrupción logró 63 millones 12 mil pesos como reparación del daño, provenientes de los procesos en contra de los ex funcionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo.

Rosaura Antonia Villanueva Arzápalo, fiscal anticorrupción de Quintana Roo, detalló que el gobierno estatal ha obtenido 48 millones 182 mil 196 pesos, mientras que a los municipios se les han resarcido 14 millones 830 mil 375 pesos.

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“Hemos trabajado a más de marchas forzadas que, hoy por hoy, sólo Quintana Roo ha tenido en un año y unos meses a tres personas con sentencia condenatoria y a juicio a 24 ex funcionarios, tener en embargo a más de 292 inmuebles y tener asegurados más de 202 millones de pesos, todo ello a comparación del presupuesto que nos fue asignado que fue de 29 millones de pesos. Hemos obtenido casi tres veces más del monto que nos asignaron”, comentó.

La funcionaria advirtió que de esos 292 predios asegurados, 23 tienen avalúos catastrales con valor de 202 millones 520 mil 531 pesos, mientras que los 269 inmuebles restantes están en proceso de avalúo.

Asimismo, indicó que la recuperación del daño de los 16 predios que fueron reintegrados al patrimonio del estado, asciende a 19 millones 333 mil pesos.

Todo ello, aseguró, ha sido un gran reto tanto para ella como para su equipo, pues además de trabajar con un presupuesto limitado, también tuvo que ampliar su plantilla laboral.

Recordó que hasta noviembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción del estado sumaba de personal a 38 colaboradores, pero al cierre del año la plantilla aumentó a 54 trabajadores.

Villanueva Arzápalo reconoció que uno de los retos de este año para la dependencia es contar con una infraestructura más fuerte que les permita dar un seguimiento más puntual a cada una de las 24 carpetas de investigación, ya que aún con el incremento de colaboradores el personal es insuficiente para cubrir todo el estado.

“Sobre todo si vamos por las personas que logramos traer a juicio. Un buen porcentaje de estas personas han sido detenidas fuera del estado y si a eso le sumamos que ellos cuentan, o presuntamente cuentan, con la capacidad económica para evadir la justicia, eso también nos limita en los actos de poder traerlos a que rindan cuentas como quisiéramos”.

La funcionaria aseguró que aún no le informan sobre el cuánto presupuesto le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, pues está incluido en los recursos que se le otorgan a la Fiscalía General del Estado (FGE).