Quintana Roo se encuentra entre los 10 estados con la mayor tasa de casos de Covid-19 atendidos en clínica u hospitales particulares, en muchos casos, a pesar de contar con Seguro Social o estar afiliados a otros servicios médicos públicos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, “Estadística de Salud en Establecimientos Particulares 2020”, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); en la entidad se registró una tasa de incidencia de 4.9 consultas por cada 10 mil habitantes, por lo que ocupa la última posición del ranking, que es encabezado por Baja California (14.2), Nuevo León (10.1) y Sonora (9.8).

“Del total de casos atendidos por Covid-19, 61.0% fueron reportados como casos confirmados y 39.0% como casos sospechosos”, indicó el instituto.

El reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS) señala que la industria ha tenido que reembolsar dos mil 105 millones de dólares para el pago de gastos médicos por atención al Covid-19.

Tan sólo en Quintana Roo se hicieron efectivas 538 pólizas de seguro por gastos médicos, que superaron el costo promedio 488 mil pesos por atención hospitalaria, alcanzando cifras de hasta un millón 267 mil pesos por el uso de cuidados intensivos.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) informó que más del 60% de quienes tienen acceso a derechohabiencia del IMSS, Issste o Insabi, prefirieron hacer uso de los servicios privados para tratar la enfermedad.

Dentro del sector privado se incluyeron los consultorios de farmacia, a los que acudieron un gran número de personas que perdieron sus empleos y por lo tanto, el acceso a estas dependencias.

En Quintana Roo son 466 mil ciudadanos que se encuentran dentro de este grupo, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El problema es que “sabemos que los consultorios adyacentes a farmacias no están regulados, que los médicos reciben incentivos para prescribir medicamentos que no siempre son necesarios y que el personal de salud está menos calificado que en el sector público”, señaló la investigadora del INSP, Arantxa Colchero.

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