Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El juez del Tribunal Oral determinó aplazar la audiencia de la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) debido a que investigará la pretensión de fiscales anticorrupción en incluir, como asesor, a un auditor especial de manera ilegal.

De acuerdo con el recurso de revocación interpuesto por Baldomero Mendoza López, defensor de Paula N., la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó al juez que les permitiera integrar en su equipo a Edwin Celis Madrid, quien se desempeña actualmente como Auditor Especial en materia financiera; sin embargo, este personaje se encuentra imposibilitado para desempeñar el cargo de asesor de la fiscalía, debido a que labora en la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo).

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De acuerdo con el Artículo 87, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, los auditores especiales, durante el desempeño de su cargo, no podrán formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

En virtud a esto, el defensor consideró que debe ser revocado en el acuerdo y dado el impedimento que actualiza el servidor público, solicitando que no sea autorizada su intervención.

Este procedimiento que realizó la Fiscalía en Combate a la Corrupción fue notificado el día 1 de febrero; es decir, un día después de que dos testigos dejaron plantados a los fiscales, durante la audiencia de juicio que se difirió.

Esta acción, provocó que la defensa tuviera hasta el día martes 5 de febrero, para poder promover su recurso de revocación, dos días antes de la audiencia que se canceló ayer.

Esa audiencia de juicio oral debía celebrarse a las 10 horas del 7 de febrero, pero dieron nuevas fechas, los días 11, 12 y 13 de febrero (lunes a miércoles), a fin de que se desahoguen los medios de prueba que ofrecieron las partes para llevar a cabo el juicio por el delito de peculado dentro de la carpeta administrativa 308/2017.

Paula N. lucha contra una sentencia de 10 años de prisión y la reparación del daño patrimonial de mil 56 millones de pesos, los cuales fueron transferidos de CAPA, a través del banco HSBC, a la cuenta del Gobierno del Estado.