Javier Ortiz/SIPSE
BACALAR, Q. Roo.- Un grupo de 30 ejidatarios de la comunidad de Valentín Gómez Farías, se dijeron inconformes porque no les aceptaron sus contratos de arrendamiento para inscribirse en el ProAgro productivo y regresaron sin hacer su trámite.

José Luis Poot Estrella, uno de los inconformes, señaló que a pesar que un día antes las autoridades de la Sagarpa, les informaron que sus tierras eran suficientes para inscribirse, al llegar a ventanilla les negaron la opción.

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Dijo que para hacer su trámite gastaron alrededor de 700 pesos cada uno, pues les pidieron sacar una cuenta de banco con 200 pesos, comida y transporte; además que tuvieron que pasar la noche de la tormenta tropical en un refugio, “para que nos digan que los lineamientos del programa no lo permite”.

Consideró que el personal que se encuentra despachando en esa oficina no se encuentra debidamente capacitado porque desconoce los procedimientos y requisitos que necesitan para ingresar al programa, de otra manera, no los hubieran hecho esperar en vano.

Isaías Góngora González vocero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), explicó que por las reglas de operación se requiere la acreditación legal de la propiedad, lo que no cumple un contrato de arrendamiento, aunque es una información que se les compartió con tiempo a los comisariados ejidales de Bacalar.

Explicó que el programa tiene dos vertientes que es de reincorporación: para aquellas personas que habían estado pero por alguna situación no habían actualizado sus datos o lo dejaron de recibir, siempre y cuando no haya sido por incumplimiento.

La otra modalidad es de incorporación y es para aquellos que nunca han recibido este apoyo federal y en ambos casos mantienen abierta una ventanilla abierta, a fin de recopilar la documentación que se requiere.

Indicó que entre los requisitos se encuentra: identificación, Curp, comprobante de domicilio, acreditación legal propiedad que determina el dominio pleno del derecho sobre el terreno, a través de un certificado de uso común, certificado parcelario o título de propiedad, según sea el caso.