El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Cancún echó abajo la sentencia condenatoria dictada en contra de Paula González Zetina, dejando en evidencia que el caso CAPA no tuvo sustentos legales para su integración, judicialización y posterior sentencia.

Al resolver el amparo directo 378/2019, los magistrados determinaron que los argumentos legales utilizados en ese caso fueron erróneos, es decir, hubo una mala interpretación del delito de peculado.

De acuerdo con la sentencia hecha pública este jueves, el tribunal detalló que el delito mencionado, ocurre cuando la distracción del dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa para el que fueron creados los bienes del Estado, organismo descentralizado, Municipio o de un particular, es con el objetivo de un uso propio del servidor público o para un tercero. Lo cual no se comprobó en el caso de Paula González Zetina.

Todo el argumento de la acusación se basó en que Zetina González ordenó transferir mil 55 millones de pesos de las cuentas de CAPA a una de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Al analizar esa teoría, los magistrados consideraron que lo único que demuestra ese hecho es que el dinero se trasfirió al propio Estado, por lo que no se puede considerar la probabilidad de que se cometió el hecho que la ley señala como delito de peculado.

“Si del hecho que se le atribuyó al sujeto activo del delito, se advierte que el desvío de los bienes fue en beneficio del propio Estado, entonces, no era factible considerar que se cometió el delito de peculado, en tanto que no se establece el fin por el cual la conducta es susceptible de cometerse, esto es, que sea para usos propios del servidor público o ajenos a la administración pública”, menciona.

El Tribunal Colegiado estableció un plazo de 10 días para la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo deje insubsistente la sentencia reclamada dictada el 13 de junio de 2019 en contra de Paula González Zetina.

De igual manera, que emita una nueva resolución, en la que deberá subsanar los vicios indicados, es decir, revisar una vez más si el material probatorio acredita o no el delito de peculado.

El pasado 21 de febrero de este año, la ex funcionaria durante el gobierno fe Roberto Borge Angulo, fue condenada a tres años 11 meses de prisión, mismos que estaba cumpliendo en resguardo domiciliario.

Según la sentencia en la carpeta de juicio 02/2019, también se le impuso a la ex directora de CAPA, la reparación del daño por la cantidad de mil 055 millones 999 mil 962 pesos, que equivale al monto que según desvió.