Benjamín Pat/SIPSE
CHEUTMAL, Q. Roo.- Políticos y funcionarios públicos continúan siendo parte de los clientes de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP Saesa), con 30 % de ocupación de los vuelos, contra 70 % de demanda por parte del sector empresarial.

Juan José Fernández Carrillo, director general de la empresa, dijo que a diferencia de años y sexenios anteriores, ahora todos los usuarios tienen que pagar el costo de los viajes.

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Fernández Carrillo no quiso dar los nombres de sus usuarios, porque como cualquier empresa tiene que  respetar la privacidad de los datos de particulares en su poder.

“En su momento VIP Saesa se vendió de otra manera, pero ahora los estamos reorientando. Al final de cuentas se trata de una empresa, donde la mayor parte de los usuarios son empresarios y estamos metiéndonos más ahí”, afirmó el entrevistado.

El director general, donde el Gobierno de Quintana Roo es el accionista mayor, dijo que el objetivo es recuperar la rentabilidad de la empresa, mediante la ampliación de sus servicios, actualmente calculados con una frecuencia semanal de entre tres y cuatro vuelos.

Como parte de la recuperación del patrimonio, dijo que están dando seguimiento al juicio promovido ante el Tribunal Superior de Justicia en Querétaro promovido en contra de los empresarios Enrique Borbolla García y Héctor Rubio Acosta.

La demanda es por delito patrimonial del orden de 5.75 millones de pesos por la venta fraudulenta de una aeronave en agravio de VIP Saesa.

“Ya tenemos una resolución favorable y estamos esperando los tiempos nada.  No sabemos si recuperaremos la aeronave, en todo caso recuperaremos el dinero”, afirmó.

Durante los dos sexenios anteriores, VIP Saesa fue utilizado para realizar contratos millonarios para la renta de aviones para el transporte de los ex gobernadores, otros funcionarios públicos y líderes partidistas.

Actualmente el ex director de la empresa se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Chetumal (Cereso), y junto con él están coacusados 11 ex servidores públicos de primer nivel.