Quintana Roo prepara medidas más estrictas para reducir la subcontratación laboral, que actualmente, mantiene en la informalidad a más de 185 mil trabajadores, mediante la implementación del Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo.

De acuerdo con la iniciativa incluida en el Paquete Fiscal 2021, los empleadores deberán pagar una tasa “adicional” del 0.35% multiplicado por la base gravable declarada del Impuesto Sobre Nómina.

Sin embargo, el gravamen que entraría en vigor en enero próximo, será efectiva durante 2021 únicamente para aquellos que continúen utilizando los servicios de outsourcing, es decir, la subcontratación a través de terceros, mientras que aquellas empresas que tengan contratos directos con sus empleados tendrán un subsidio del 100 por ciento.

“Este subsidio encuentra una justificación objetiva y razonable, precisamente para fomentar el empleo directo y de sus asimilables. Por tanto, a los contribuyentes que no incentiven esos objetivos de política pública no se les puede conceder el mismo trato que a quienes sí favorecen esa finalidad”, señala la exposición de motivos de la iniciativa en manos de los diputados locales.

El pago de este impuesto se efectuará mediante declaración mensual en la Dirección de Recaudación Correspondiente. Los ingresos recaudados por este concepto se destinarán “al desarrollo económico del Estado de Quintana Roo”, en programas que generen e incentiven la creación de empresas y puestos laborales.

Para la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz, de esta manera Quintana Roo estará en sintonía con la estrategia implementada a nivel federal de combatir el outsourcing, un tema que representa una violación a los derechos de los trabajadores, pues impide que sean registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, además de impedir que accedan a prestaciones como acceso a la vivienda.

De acuerdo con información de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria de Cancún, solo en 2018, la subcontratación a través de outsourcing’s permitió la evasión fiscal de más de mil 300 millones de pesos en impuestos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala en su reporte de septiembre pasado, que de las 709 mil 451 personas ocupadas en la entidad, 340 mil 812 no son trabajadores formales.

Sin embargo, de esos, solo 155 mil 015 trabajan en el sector informal, mientras que 185 mil 797 lo hacen en empresas legalmente registradas, que no tienen contratos directos.