Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó ante el Congreso Local la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, como parte de las primeras modificaciones para aterrizar el Sistema de Justicia Laboral.

Se trata de reformas a los artículos 34 y 97 de la Carta Magna, referente a la protección de los derechos de los trabajadores y las facultades del Poder Judicial para atender los casos de controversias en materia laboral.

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En el primero, la iniciativa propone ampliar el texto para establecer que la resolución de las diferencias o los conflictos entre los trabajadores y patrones estará a cargo de tribunales laborales del Poder Judicial.

“Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia”, señala el párrafo propuesto.

De igual manera señala que antes de acudir a esos tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir a los Centros de Conciliación Laboral.

“Contarán (centros de conciliación) con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley correspondiente”, señala el texto planteado.

De acuerdo con la iniciativa el titular del Centro de Conciliación será nombrado libremente por el Jefe del Ejecutivo y deberá recaer en una persona con capacidad y experiencia en las materias de competencia del organismo descentralizado.

Las modificaciones planteadas son para adecuar la legislación local a fin de aplicar el nuevo Sistema de Justicia Laboral en Quintana Roo, establecido en la reforma constitucional federal que entró en vigor en febrero del año pasado.

José De la Peña Ruiz de Chávez, coordinador del PVEM y presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, recordó que la reforma federal estableció a los Congresos Locales un año para la actualización del marco legal, el cual vence el siguiente mes.

Actualmente, la resolución de los conflictos en materia laboral se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, a través de los Tribunales y Juntas de Conciliación, adscritas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.