En el último año, más de 300 negocios de Quintana Roo se vieron obligados a cerrar sus puertas, algunos a trasladarse incluso a otras entidades, por el “cobro de derecho de piso” del que han sido víctimas.

Juan Jaime Mingüer Cerón, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), explicó que en un reciente cónclave de las organizaciones empresariales locales del norte y sur, se contabilizaron 148 medianas empresas que decidieron abandonar Quintana Roo para instalarse en otras entidades.

Mientras tanto, otros 170 micro y pequeños negocios, como taquerías, tiendas de abarrotes y de ropa, “bajaron sus cortinas” para no volverlas a abrir, al no tener dinero para mudarse.

Para el líder empresarial de la Canaco, los dueños de empresas prefieren huir o abandonar sus negocios, que esperar una solución al problema.

Destaca que durante el último año, solamente 13 personas fueron arrestadas por este tipo de delito, de las cuales siete fueron detenidas por las propias víctimas quienes, hartas de pagar la cuota, decidieron tomar justicia por mano propia, deteniendo y golpeando a sus “cobradores”.

Los cobros por protección dependen del lugar y el tipo de negocio.

Según la Canaco, sus integrantes han señalado que por una pequeña tienda de misceláneas o de ropa, se tiene que pagar entre mil 500 pesos a 2 mil pesos mensuales si se encuentran en un fraccionamiento, y de 3 mil a 5 mil si se ubican en una zona comercial.

Los restaurantes bares y negocios relacionados con la actividad turística pagan entre 6 mil a 15 mil pesos al mes.

Hasta 2014, sólo se tenía registro de este tipo de extorsión en Cancún, Isla Mujeres y Playa del Carmen.

Sin embargo, la información de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que las células criminales ampliaron su área de influencia hacia Tulum, Puerto Morelos, Cozumel, Holbox, Mahahual y Bacalar.

A través de una solicitud de información vía transparencia, la FGE reportó 271 denuncias por extorsión a comercios, presentadas entre mayo de 2020 y junio de 2021.

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