Feministas ponen fecha al desalojo del Congreso de Quintana Roo

A través de un pliego petitorio establecieron las condiciones para desalojar el recinto legislativo.

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(Armando Galera/SIPSE)
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Chetumal.- Este mes serían entregadas las instalaciones del Congreso del Estado, si se discute y dictamina la iniciativa para garantizar el aborto seguro en la entidad, según un nuevo pliego petitorio que fue entregado esta mañana por la agrupación al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gustavo Miranda García.

La Red Feminista Quintanarroense presentó esta mañana un documento en el que ofreció levantar la protesta que instaló en el recinto legislativo desde el pasado 25 de noviembre, a cambio de que se discuta la propuesta para legalizar la práctica del aborto en la entidad.

El primer punto de su pliego petitorio es que el domingo 13 de diciembre se sanitice el edificio, con el respeto de la protesta que está instalada.

El lunes siguiente han solicitado que se realicen en el Congreso audiencias para escuchar la postura de autoridades, integrantes de grupos ProVida y los argumentos feministas.

En el tercer punto piden que el martes 15 de diciembre, que es el último día del período ordinario de sesiones, se emita el dictamen correspondiente, y en caso de ser positivo, que se gire el oficio para que se incluya en la Orden del día de la siguiente sesión del Pleno.

“Una vez que se cuente con el dictamen y el oficio de solicitud a los que se hace referencia en los puntos 3 y 4, nos comprometemos a realizar la entrega de las instalaciones en presencia de un notario o notaria pública que verifique las condiciones en la que se efectuará”, dice el documento.

Retoman el primer pliego petitorio que enviaron

En el sexto y último punto, el colectivo pide que se establezca una “ruta legislativa” para dar cumplimiento a los nueve puntos que fueron citados en el pliego petitorio que presentaron el pasado 16 de noviembre.

En esta lista destacan la petición para crear la tipificación penal del “feminicidio infantil” y el “transfeminicidio”; la no aprobación del “Pin parental”; la regulación de medios de comunicación para que garanticen la protección de las víctimas; y la creación de un padrón de agresores sexuales.

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