Mendicuti libra acusaciones por el caso VIP Saesa

Además, el estatus jurídico del ex secretario de Gobierno pasó de imputado a testigo.

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La determinación dejó sin efecto todas las medidas cautelares que se habían dictado contra el ex funcionario estatal, como el embargo de bienes inmuebles y el resguardo domiciliario. (Daniel Tejada/SIPSE)
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Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Un juez de control de Chetumal dejó sin efectos los cargos imputados contra Gabriel Mendicuti Loría, ex secretario de Gobierno, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusaba del delito de desempeño irregular de la función pública.

De acuerdo con información de la Fiscalía especial, el ex funcionario cambió de estatus jurídico, es decir, pasó de imputado a testigo, tras demostrar mediante una prueba de grafoscofía que la firma que aparece en un acta de asamblea no fue colocado en puño y letra.

Según los datos, Mendicuti Loría aportó pruebas que permitirá determinar a los verdaderos culpables de este caso.

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De esa manera, se dejaron sin efecto todas las medidas cautelares que se habían dictado contra el ex funcionario estatal, entre las que se encuentran embargo de bienes inmuebles, así como el resguardo domiciliario.

El ex secretario de Gobierno aún no entraba a la etapa intermedia de su proceso penal. El 20 de septiembre fue requerido ante el Juzgado Penal pero su defensa logró que se aplace la comparecencia hasta principios del mes de noviembre; donde lograron obtener hasta tres meses, antes de entrar a esta etapa del penal acusatorio.

En ese tiempo, los fiscales iban a ofrecer los medios de prueba que están incluidos dentro de la carpeta administrativa 151/2017. El ex funcionario llevaba un proceso de más de un año, luego de su detención el pasado 19 de enero del año 2018.

Fue señalado junto con una docena de ex funcionarios estatales del gobierno de Roberto Borge, de haber firmado contratos irregulares en el arrendamiento de aeronaves, las cuales fueron utilizadas por el ex gobernador, su familia y amigos.

Actualmente quedan pendientes de ejercer varias órdenes de aprehensión contra varias personas más señaladas en la misma carpeta iniciadas por dos contratos presuntamente irregulares, al ser adjudicadas sin el debido proceso de licitación.

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