Ley de movilidad no cuida intereses particulares: Martínez Arcila

El gobierno estatal pide a taxistas pensar en la gente y apostar a un transporte eficiente.

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Eduardo Martínez Arcila, asegura que la Ley de Movilidad seguirá su curso. (Foto: Benjamín Pat)
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Benjamín Pat/SIPSE
 CHETUMAL, Q. Roo.-La Ley de Movilidad de Quintana Roo engloba cada uno de los puntos de vista de sectores de la población, incluyendo el de los taxistas, y no se prevén modificaciones antes de su publicación, aseguró Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado.

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“Desde nuestro punto de vista, esta ley no está para cuidar intereses de algún particular, sino para cuidar el interés de todo el estado de Quintana Roo. Yo no veo otros sectores de la ciudadanía reclamando algo, entiendo la preocupación que tienen, pero no tiene fundamento”, afirmó el presidente del Congreso.

Entrevistado sobre el mismo tema, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado, dijo que más que modificaciones, lo que se necesita es que los taxistas conozcan a fondo la nueva ley, que lo único que busca es poner orden en el transporte

“Los acuerdos que tuvimos la oportunidad de platicar, es algo que veníamos viendo con anterioridad, y tiene que ver con el temas de las concesiones que los taxistas tienen y que, por supuesto, estaba en una revisión y merece ser analizada”, aclaró el gobernador.

Sobre la inconformidad de los taxistas y las amenazas que lanzaron y los bloqueos que realizaron, aseguró que el estado hará lo que le corresponde para poner orden en el transporte como lo establece la nueva Ley de Movilidad.

“Es un tema ocioso el generar toda esta acción, posiblemente ni siquiera conocen a fondo la ley. La ley marca muchas oportunidades para los propios sindicatos. Hay que ser mucho más racionales y pensar en la gente y lo que necesita y que el transporte sea más eficiente”, destacó.

La esperanza de los sindicatos de taxistas es que el Ejecutivo ejerza su facultad de realizar observaciones al decreto, antes de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Aunque la Constitución concede la facultad de veto al Poder Ejecutivo, dicha posibilidad se tiene que realizar dentro de los 10 días posteriores al envío del decreto por parte del Legislativo.

Además, la legislación establece que el Congreso del Estado toma en cuenta las observaciones o, en su caso, ratifica la legislación en los mismos términos, con el voto de la mayoría calificada. La Ley de Movilidad fue avalada por unanimidad de todos los legisladores.

 

 

 

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