Más de 50 trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentaron ante el Congreso de Quintana Roo para denunciar que el fiscal Óscar Montes de Oca permitió la presunta contratación de meseras y familiares de políticos que no se presentan a trabajar, pero cobran hasta cinco veces más que un comandante o perito con años de experiencia.

Explicaron que al menos 35 trabajadores de la Fiscalía que tenían más de 15 años laborando fueron despedidos para otorgar espacios para esas personas “recomendadas.

Como prueba presentaron los recibos de nómina de estas personas que fueron contratadas en el último año, afirman, sin realizar los exámenes de control y confianza que exige la ley.

Resalta el caso de la empleada número 26771, Jessica Saraí Ramírez Lozano, quien afirman era una mesera en Cancún, y que el 16 de mayo pasado fue contratada en la Dirección de Política y Estadística Criminal de Benito Juárez, con un sueldo inicial de 13 mil 467 pesos, y una compensación de 2 mil 500 pesos quincenales. Esto a pesar de que en su currículum vitae se revela que no tiene siquiera la secundaria completada.

Los trabajadores que se manifestaron aseguran tener pruebas, incluidas conversaciones y videos, que demuestran que fue contratada por ser pareja sentimental de Ricardo Ruiz Ordaz, quien fuera abatido el 31 de julio pasado durante un cateo a una “narcotiendita” en Cancún.

También destaca el expediente de Ruiz Ordaz por su maratónico ascenso, ya que el primero de enero del 2019 fue contratado como un simple agente de la Policía Ministerial de la Zona Norte, con un sueldo de 4 mil 481 pesos quincenales, pero un año después ya percibía más de 18 mil 251 pesos a la quincena.

Los manifestantes mostraron pruebas de empleados sin experiencia y altos sueldos en la Fiscalía

Según los documentos exhibidos, el mismo día que fue contratado Ricardo Ruiz, también se dio de alta a Mónica  Ávila Lozano, en la dirección de Comunicación Social Zona Norte, con un sueldo de 37 mil 789 pesos mensuales. Para mayo pasado ya cobraba 51 mil 612 pesos al mes de sueldo neto, con impuestos incluidos.

Tanto Ruiz como Ávila, de acuerdo a su expediente, llegaron desde la Ciudad de México a finales del 2018.

En el último año también fueron empleados Fátima y Rubén Ávalos Garnica, hijos de la excandidata a la diputación por el Distrito 06 de Cancún por la coalición PAN-PRD, Fátima Garnica Andere, con salarios de 6 mil 300 y 9 mil 800 pesos quincenales.

Los manifestantes aseguran que ninguno de esos dos jóvenes se presenta a trabajar en su departamento en la Vicefiscalía Zona Norte, aprovechándose de que su madre tiene una estrecha relación con el Fiscal Montes de Oca.

Por esta razón, exigen a los diputados locales que se realice una auditoría al titular de la Fiscalía General del Estado, basándose en las pruebas que presentaron este sábado.

Diputados prometen analizar el tema… pero nada más

Sin embargo, el único diputado que dialogo con ellos en la mañana fue el diputado de Morena y presidente de la Comisión legislativa de Seguridad Pública, Luis Fernando Chávez Zepeda, aunque señaló que este tema le corresponde al encargado de la Comisión de Justica, encabezada por la diputada panista Roxana Lili Campos Miranda, quien se negó a dialogar con los manifestantes.

No fue sino hasta que terminó la sesión del Congreso, a las seis de la tarde de ayer 5 de septiembre que se acercaron los legisladores Gustavo Miranda García, José de la Peña Ruiz de Chávez, Roberto Erales y Lili Campos, quienes expresaron que aún están analizando el tema, pero sin ofrecer mayor información.

Ante la presión de los manifestantes, los diputados  accedieron a reunirse con sus representantes.

“Y así nos vienen dando vueltas. Desde la semana pasada, cuando llegamos la primera vez, dijeron que iban a atender nuestras demandas, pero hasta ahora no nos han llamado. El lunes presentaremos una denuncia formal en contra del Fiscal y quien resulte responsable por estas irregularidades, y esperamos que para entonces ya tomen cartas en el asunto”, dijo Gabriel González Argaez, uno de los quejosos.

Añadieron que se detendrán hasta llegar a las últimas consecuencias, y en caso de que no obtengan una respuesta favorable en el Congreso local, pedirán la intervención directa  del gobernador del Estado o del presidente de la República, toda vez que desde la primera manifestación fueron amenazados con ser dados de baja utilizando los exámenes de control y confianza.