Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El nuevo Fiscal General de Quintana Roo podría ser traído de otro estado del país, gracias a una reforma que el Congreso Local pretende concretar en los próximos días, mediante el cual se elimina el requisito de residencia.

De entrada, los legisladores dejaron sin efecto la convocatoria emitida hace unos días, en espera de que la iniciativa sea discutida o en su caso, aprobada.

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Se trata de una iniciativa de reforma, en la que se buscará modificar los requisitos para la designación de esta figura institucional; actualmente limitada para seleccionar a un candidato con residencia comprobada de al menos cinco años. Adicionalmente, la reforma a la ley pretende incluir una lista de hasta 12 candidatos y no 10 como actualmente marca la normativa estatal.

Jesús Alberto Zetina Tejero, presidente de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que la iniciativa además propone que la Legislatura sea quién decida qué comisión ordinaria realizará el cumplimiento de los expedientes; actualmente, la normativa establece se efectuará a través de la Comisión de Puntos Constitucionales.

También estableció como punto de acuerdo que el fiscal interino durará en su cargo en tanto se realice la designación de Fiscal General del Estado.

“El punto más importante es, sin duda alguna, el que estaremos quitándole ese candado o esa oportunidad que pudiera tener cualquier ciudadano mexicano que con profesionalidad y experiencia venir a cumplir el trabajo de fiscal con resultados benéficos”.

Específicamente el decreto se ubicará en la modificación de los párrafos primero, segundo y cuarto del inciso a), del apartado A, además se derogará la fracción II, del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado.

Eduardo Martínez Arcila, presidente del congreso, dijo que “la reforma es clara, busca no atar de manos ni a los legisladores, ni al ejecutivo estatal, ni limitar la participación ciudadana” quitándole este candado a la legislación actual, tal y como está prescrito para la designación del Secretario de Seguridad Pública.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, por lo que podría ser aprobada la próxima semana, en la sesión ordinaria del día lunes 8 de octubre.