Con 23 diputados a favor y cero en contra, el Congreso de Quintana Roo aprobó la nueva Ley de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, que permitirá la creación cuerpos al interior de la dependencia para garantizar la paz social en la entidad.

De esta manera, la policía de Quintana Roo operará en siete unidades: la preventiva estatal, de investigación e inteligencia, proximidad social, de caminos (dividida a su vez en rural y tránsito), procesal, penitenciaria, de reacción y unidad de Servicios Especiales de Vigilancia y de Escolta.

La primera mantendrá la mayoría de las facultades actuales de la Policía, mientras que la de investigación e inteligencia tendrá funciones de recabar pruebas e iniciar investigaciones para resolver delitos, lo cual hasta ahora era un tema exclusivo de las policías ministeriales. 

#AHORA 🔴 | Con una votación de 23 diputados a favor y cero en contra, el @CongresoQRoo aprobó la nueva Ley de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo. pic.twitter.com/EQgl52BnUP

— Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) April 19, 2023

Para Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia, la inseguridad es el mayor reto en Quintana Roo:

“La falta de preparación de nuestros policías, la corrupción como práctica habitual, son solo algunas de las herencias del pasado, para eso es indispensable impulsar esta nueva ley de seguridad ciudadana”.

Para la implementación de los cambios aprobados, la dependencia cuenta con un presupuesto anual de 2 mil 555 millones de pesos, donde ya está proyectado cubrir los requerimientos en recursos humanos, materiales y de equipamiento para la nueva estrategia de seguridad ciudadana.

Además, existe un fondo general extraordinario dentro del Presupuesto de Egresos 2023, además del fideicomiso millonario creado este año con recursos del Impuesto al Hospedaje.

Uno de los cambios más importantes es la creación de la Policía de Investigación, que de acuerdo con la propuesta permitirá agilizar las labores de investigación en las escenas del crimen y garantizar el debido proceso en la integración de los expedientes de investigación, para con ello combatir la impunidad.

Entre las modificaciones que se realizaron están los criterios para la asignación de escoltas a funcionarios y ex funcionarios públicos.

Ahí se estableció la necesidad de una revisión de este beneficio y acotarlo únicamente para quien lo requiera verdaderamente.

"Dejará de ser un tema de amigos y compadrazgos para ser un asunto de austeridad, que los elementos que se asignen para esa función sean los menos y solo los necesarios, para el resguardo y protección de los funcionarios que por sus funciones de verdad requieran de este mecanismo de protección",

afirmó Humberto Aldana Navarro, coordinador de Morena.