Javier Ortíz
BACALAR.- Válvulas de agua potable que se encuentran a la vera de la carretera, son utilizadas para abastecer de agua potable los ranchos del comisario ejidal de Juan Sarabia, Ernesto Haro Gutiérrez, de manera irregular.

Ejidatarios de ese núcleo ejidal, consideraron que esta persona recibe trato especial por parte de las autoridades de la Capa, porque es el único que tiene sus tuberías de poliducto conectadas a estas válvulas, que conducen el líquido hasta su rancho a espaldas del Instituto Tecnológico de la Zona Maya (ITZM) y otro que recién despojó a una pareja de ancianos cerca de Huay Pix.

Una de las tomas se ubica a un costado de la carretera federal a escasos 150 metros de la comunidad de Huay Pix rumbo a Bacalar, pasando el puente.

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Ese lugar es una porción de humedales que Haro Gutiérrez despojó a una viuda para vender a una persona de nombre Facundo Romero, el cual han comenzado a rellenar. Se puede observar una bomba de agua de Capa de donde están conectados varios tramos de poliducto para extraer el líquido.

La tubería de plástico se encuentra enterrada a pocos centímetros y conduce a medio kilómetro semi oculto entre varios cerros de material de sascab que están utilizando para rellenar los humedales. De acuerdo con habitantes de Juan Sarabia, el representante ejidal, abasteció del servicio dicho predio para comercializarlo.

A un costado del ITZM existe otra toma similar de agua potable, para abastecer el rancho que Haro Gutiérrez estableció en un terreno que invadió a esa institución, de lo cual existe certificado parcelario a nombre de la escuela de nivel superior.

Los habitantes que omitieron su nombre por temor a represalias, señalaron que el rancho en mención cuenta con alberca, ganado y hectáreas de caña de azúcar, por lo que consideraron elevado el agua que extrae el representante ejidal y no existe forma de medirlo porque está conectado directamente.

Cuestionaron la legalidad de la CAPA, porque Haro Gutiérrez, no pudo presentar algún documento que acredite la propiedad, ya que se trata de un terreno desincorporado del ejido que no puede ser dividido, vendido ni embargable, según decreto presidencial.

Luis Miguel Aguilar Amar, gerente de la Capa en Othón P. Blanco, contradijo a los ejidatarios y negó que se trate de tomas clandestinas.