Las instalaciones del Grupo Especializado de Atención a la Violencia de Género (Geavig) de Cozumel ya cuentan con un espacio para acoger de manera temporal a los menores de edad, cuyos padres tienen algún conflicto o son detectados en situaciones de vulnerabilidad.

Así lo informó Marina del Carmen Aburto León, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) en la isla de las golondrinas, donde se han descubierto casos de menores deambulando, olvidados por sus padres cuando salen de las escuelas o en condiciones de mendicidad, hecho que sanciona el Bando de Policía y Buen Gobierno.

El Geavig se ubica a un costado de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito (DSPT), que está conformado por cinco elementos de esa corporación, dos de ellos mujeres.

El 3 de febrero de 2022, Norma Gabriela Salazar Rivera, Secretaria Ejecutiva del Sipinna en Quintana Roo, asistió a la primera sesión y reinstalación del sistema en Cozumel.

Sin embargo, hasta la fecha los integrantes de esa junta mantienen bajo el tapete las estadísticas sobre la incidencia de casos.

De acuerdo con información que hizo pública la responsable del Sipinna, ya está operando un espacio en el Geavig para atender a niños que estén en medio de un proceso administrativo, lo que evitará que tengan que estar en las instalaciones de la DSPT, donde su privacidad y confidencialidad puede ser vulnerada.

Aunque no dio a conocer cifras y los períodos correspondientes, dijo que se han detectado adolescentes con un conflicto con las autoridades, niños encontrados en la vía pública, abandonados en las escuelas o deambulando en las cercanías de los planteles, lo que los hace vulnerables a una situación de riesgo.

Los que hostigan a turistas

Por lo que toca a los infantes y adolescentes que son utilizados para solicitar donativos o vender algo a turistas nacionales y extranjeros en puntos turísticos, aseguró que han disminuido debido a que las personas ya los ubica y han sido denunciados.

A los adultos que sean sorprendidos utilizando a los menores de edad para estas actividades y se les compruebe, el juez cívico puede aplicar arrestos o multas económicas de hasta 30 salarios mínimos vigentes.