Multas y cárcel por maltrato animal en Yucatán. 

En la penúltima sesión del periodo ordinario, el Congreso del Estado aprobó tres reformas a la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán para establecer, entre otras cosas, multas de un millón 790 mil pesos y cuatro años de prisión para quien torture animales domésticos.

Asimismo, se estableció que la Fiscalía General del Estado (FGE) actuará de oficio ante el citado delito.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, expuso que la primera de las tres reformas es relativa al maltrato animal, por medio del cual se estableció que las autoridades estarán facultadas y podrán actuar en flagrancia, es decir, que el delito será perseguido de oficio, sin que exista denuncia de por medio.

“Esto es porque nos dimos cuenta que muchas veces quien es testigo de estos actos, por temor o no querer meterse en un problema con quien realiza esta conducta delictiva, prefiere no denunciar”, indicó. Harry Botello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que se incrementaron las multas y penas establecidas en el Código Penal del Estado, y ahora alcanzan hasta 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, un millón 790 mil pesos, y hasta cuatro años de cárcel en caso de tortura a los animales aumentando su agonía hasta la muerte.

Lucha en Yucatán contra el tráfico de especies

La segunda reforma es relativa al tráfico Ilegal de especies, y se estableció que la Fiscalía General del Estado trabajará en coordinación con autoridades locales y federales para monitorear en plataformas digitales las ofertas, solicitudes y transacciones referentes a este delito.

La tercera modificación es en materia de gestión integral de los residuos, que incorpora acciones para disminuir los que se depositan en los rellenos sanitarios, y aumentar el reuso, mediante la integración al catálogo de definiciones del término “Punto Limpio”, que es un sitio de almacenamiento temporal para residuos de manejo especial y voluminoso.

“Se establecen diversas prácticas por parte de los concesionarios y productores responsables de la elaboración, producción y distribución de empaques y objetos que eventualmente constituyan un residuo”. 

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