MÉRIDA, Yuc.- El ejido de Cosgaya, municipio de Mérida, se sumará a la denuncia que la abogada Araceli Andrade Tolama promovió en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, así como contra la senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, el esposo y el hermano de ésta, por el despojo de 21 terrenos.

Los terrenos comprenden 175 mil metros cuadrados propiedad del citado ejido, y tienen un valor catastral de cinco millones 109 mil 586.82 pesos. 

Este sábado, el comisario de Cosgaya, Jaime Enrique Jorge Cen, acompañado por los ejidatarios Silverio Uc Aké y José del Rosario Tzec Chi, afirmó que emprenderán la lucha jurídica para recuperar las tierras y que sean repartidas entre quienes realmente pertenecen a dicho ejido, en el marco de la ley agraria. 

La abogada Araceli Andrade señaló que cualquier persona puede sumarse a esta denuncia, sea ejidatario de Cosgaya o no, ya que por ser originalmente bienes de la nación todos los mexicanos son dueños y, por tanto, perjudicados. 

En este contexto precisó que el 29 de diciembre de 2020 presentó dos denuncias, una ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otra ante la Especializada en Combate a la Corrupción, en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto; la senadora por Quintana Roo y su esposo, Jorge Parra Moguel.

Asimismo, contra el hermano de la legisladora, Raymundo Villegas Canché, y el ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán, José Luis Santos Ramírez, quien se desempeñó en el cargo en 2015, y era cercano al ex mandatario federal. 

Ex presidente otorgó títulos

Andrade Tolama agregó que en el año 2015 el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, otorgó a título gratuito 21 terrenos que suman 175 mil metros cuadrados propiedad del ejido de Cosgaya, municipio de Mérida. 

Enrique Jorge dijo que al único que conoce es a Raymundo Villegas Canché a quien se le vendió una hectárea de terreno en el año 2013. 

La abogada Araceli Andrade dijo que se enteró de dichas anomalías legales por medio de denuncias periodísticas, posteriormente realizó una investigación para reunir los elementos de prueba encontrando que efectivamente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán figuran como propietarios de estos predios los citados denunciados.

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