MÉRIDA, Yuc.- El Gobierno de Yucatán evitó una carga monetaria al erario al frenar el pago de pensiones de 10 ex funcionarios estatales por el orden de más de 366 mil pesos al mes, “al encontrarse inconsistencias en el procedimiento en las que se otorgaron, en decisiones tomadas en los últimos días de la administración pasada”, informó el consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira.

“Específicamente se les iba a dar 366 mil 219 pesos al mes, es decir 4 millones 394 mil pesos al año para sólo 10 personas”, puntualizó el funcionario estatal.

Este lunes, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán notificó su resolutivo al respecto y, con ello, las pensiones son canceladas por medio de la figura jurídica de juicio de lesividad, que van de los 46 mil pesos mensuales a los 19 mil pesos.

Cabe mencionar que todavía 7 casos similares más se encuentran en litigio y en espera de una pronta resolución. 

No tenían derecho a pensión

La resolución emitida por el mencionado Tribunal, señala que ninguno de los 10 ex funcionarios tenía derecho a pensión, por no satisfacer los requisitos y no cumplir con las formalidades legales para su otorgamiento, informó Tappan Silveira.

“Por tal motivo, la actual administración estatal, en un compromiso con la sociedad de administrar de manera eficiente y transparente los recursos públicos, hizo valer la ley, y canceló las pensiones asignadas en los últimos días del Gobierno estatal anterior, que evidentemente fueron concedidas de manera unilateral”, explicó.

¿Quienes son dichos ex funcionarios?

Las pensiones que fueron canceladas corresponden a ex funcionarios como el ex director de la Dirección General de Comunicación Social, Fernando José Castro Novelo, quien recibiría 35 mil pesos al mes. 

Asimismo, Eduardo Batllori Sampedro y Daniel Quintal Ic, ex titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Obras Públicas, respectivamente, quienes pretendían recibir 46 mil pesos mensuales.

También está José Ignacio Mendicuti Pavón, quien fue representante del ex gobernador Rolando Zapata Bello en la Ciudad de México, quien iba a recibir 45 mil pesos al mes.

De igual forma, se cancelaron las pensiones de los ex directores Ariel Enrique Azcorra Padilla, del Fideicomiso Público de la Reserva Territorial de Ucú, Jesús Antonio Paz Pineda, de la Unidad de Asesores, y Elda María Vargas Jiménez, de Procesos Transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas, todos de 40 mil pesos.

La de Luis Humberto Hoyos Schlamme, de la Fábrica de Postes, por 30 mil pesos, y de Beatriz Eugenia Solís Sánchez, del Departamento de Desarrollo, Cultura y Actividad Física de Jubilados y Pensionados del Isstey, de 25 mil pesos al mes.

Tampoco cobrará pensión Gaspar Javier Arceo Peniche, a quien de último momento se le asignó una de 19 mil 219 pesos al mes.

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