De diciembre del 2018 a agosto del 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) inició únicamente 4 carpetas de investigación por casos de tráfico de migrantes en Yucatán, con lo que se ubica en el lugar 24 de 26 estados en que se ha denunciado este delito, informó la Secretaría de Gobernación, pues en todo el país se registraron 4 mil 707 en ese lapso.

De acuerdo con el informe, el registro de entidades federativas con investigaciones es: Nuevo León, con 858; Chiapas, 729; Veracruz, 649; Tabasco, 510; Oaxaca, 315; Tamaulipas, 251; Coahuila, 236; Estado de México, 229; Chihuahua, 224; Baja California, 190; Puebla, 144; Tlaxcala, 59; Sonora, 52; Hidalgo, 38; Zacatecas, 37; Quintana Roo, 35; y Ciudad de México, 30; Querétaro, 26; Guanajuato, 23; Durango, 22; Aguascalientes, 20; Campeche, 13; Baja California Sur, 6; Yucatán y Guerrero, 4, respectivamente; Jalisco, 2; y Colima, una.

Del total de denuncias, 2 mil 286 personas han sido judicializadas, se han realizado 2 mil 031 detenciones legales, mil 653 han sido vinculadas a proceso, 729 están sujetas a prisión preventiva y 475 han sido sentenciadas.

También se menciona que desde el 2018 y hasta este 2022 han sido rescatadas 77 mil 498 personas de las redes de traficantes.

Se informó que el documento de la Secretaría de Gobernación fue presentado durante la II Conferencia Nacional de Migración (CNM) por el Instituto Nacional de Migración (INM), evento que se llevó a cabo en Palacio Nacional.

Durante la Conferencia, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), Germán Adolfo Castillo Banuet, planteó reformas a los artículos 3, 67, 68, 97, 98, 105, 159, 160 y la adición del artículo 160 de la Ley de Migración para simplificar la comprobación del delito.

Contra el tráfico de personas 

Se destacó que desde el punto de vista de la FGR, existen tres grandes retos para el éxito de una investigación eficaz en contra del tráfico de personas.

El primero consiste en justificar debidamente las detenciones por parte de los primeros respondientes, ya que cada día los tribunales ponen mayores exigencias para que la intervención de una autoridad administrativa o de seguridad pública genere una legal detención.

El segundo, es la falta de imputación y colaboración de las víctimas, ya que los juzgadores, a pesar de su vulnerabilidad, piden que éstas hagan imputaciones directas.

El tercero, es la alta exigencia para la comprobación del hecho delictivo que se cifra en dos elementos del tipo penal: la comprobación del lucro y la intención de la evasión de la revisión migratoria.