MÉRIDA, Yucatán.- A casi año y medio de haberse aprobado, la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) planteó ayer la propuesta para actualizar el Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a la violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexuales, con la finalidad de integrar aspectos que no se incluían en dicha iniciativa e incluir los mecanismos suficientes para la protección de los más de 26 mil alumnos que integran la comunidad universitaria en el nivel media superior y superior.

En sesión extraordinaria del 18° Consejo Universitario, que se realizó a distancia, el rector José de Jesús Williams planteó la propuesta de conformidad con los artículos 15 fracción II y 18 fracción I de la Ley Orgánica de la Institución, la cual fue turnada al comité de evaluación para la emisión del dictamen.

Se recordó que dicho protocolo fue aprobado el 15 de agosto del 2019, para la protección de los estudiantes y maestros, las garantías de la secrecía y la autonomía técnica para que toda persona pueda ser procesada mediante este instrumento institucional, sin distinción de jerarquía o posición dentro de la universidad.

La creación del protocolo se realizó ante la presión de la comunidad estudiantil y denuncias que alumnas de preparatoria y de las diferentes facultades de la casa de estudios realizaron contra profesores sobre supuestos casos de acoso, muchos de los cuales ya fueron sancionados mediante este mecanismo.

Incidencia de casos de acoso y abusos sexuales

El abogado general de la Uady, Renán Ermilo Solís Sánchez, explicó que la incidencia de casos de acoso y abusos sexuales demandan la necesidad de actualizar los mecanismos que prevengan las conductas de las personas, como una vía para una mejor convivencia humana de todos los actores en el contexto universitario.

Además, recordó que el 4 de julio del 2019 se expidió dicho protocolo con la finalidad de establecer los parámetros de actuación de la institución de la materia y contar un mecanismo de atención en un marco inclusivo derechos humanos y con enfoque de género y se reconoció como una de sus fortalezas en cuanto a la gestión responsable, para la salvaguarda de la comunidad universitaria.

Solís Sánchez planteó que los nuevos ajustes fueron la realización de un nuevo encuadre del marco referencial y jurídico de las conductas previstas en el protocolo; se consideró de manera concreta dentro del marco de acción preventiva al ProgramaInstitucional de Igualdad de Género; y se integró un apartado relativo a la “Ética en la aplicación del protocolo”.

Además, se incluyó lo referente a los “Derechos de las personas atendidas”; se insertó un apartado relacionado con los cuidados especiales para menores de edad en las conductas previstas en el protocolo; se introdujo lo concerniente a la protección de datos personales; y se modificó el término establecido para el primer contacto, pasando de un plazo de 48 horas (dos días naturales) a dos días hábiles.

También, se precisó el perfil de los profesionales para el primer contacto: abogado y psicólogo; se consideró incluir, en los casos en los que tiene aplicación el contrato colectivo de trabajo, a un observador género, así como la inclusión del acompañamiento y psicológico por recomendación en los casos que se requiera.

Por último, se desglosó a detalle los pasos del procedimiento, incluyendo imágenes para hacerlo más visual; se precisaron los supuestos en los casos de la “no procedencia”, “desechamiento” y “no admisión” de una queja; se precisó la etapa denominada “Evaluación del Protocolo” la cual está a cargo de laComisión Ejecutiva del protocolo; y se integraron nuevos formatos que evidencian la secuencia del procedimiento desde el primer contacto hasta la resolución de la queja.

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