César Barboza/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- En los 18 estados que analiza la calificadora mexicana HR Ratings para notas crediticias, la deuda a empresas proveedoras de bienes y servicios supera en promedio 30 por ciento de los ingresos de libre disposición.

La agencia indicó que las entidades han aumentado ese tipo de obligaciones financieras, una deuda aparte de la contraída con instituciones financieras que no es contabilizada por la Secretaría de Hacienda, pero tiene un efecto en la economía local al impactar a la iniciativa privada.

“Tenemos muchos estados que han utilizado el financiamiento a través de proveedores”, señaló Ricardo Gallegos, analista de estados y municipios en HR Ratings.

“Es un tema que estamos observando de manera importante, y sobre todo hemos visto este mismo fenómeno a escala federal, con el caso de Pemex, que tomó más importancia”, agregó.

El cálculo se obtuvo contrastando el pasivo circulante de esos estados con sus ingresos de libre disposición, de acuerdo con la cuenta pública de 2014, la cual proporciona datos homogéneos.

Michoacán y Morelos, mal

El caso más dramático es Michoacán, cuyas obligaciones con proveedores, también conocido como pasivo circulante, alcanza 82 por ciento de sus ingresos de libre disposición; lo sigue Morelos, cuya deuda en ese apartado alcanza 59 por ciento de esos ingresos, mientras que Oaxaca registró obligaciones en el mismo orden.

A esas entidades le siguen Chiapas, cuyo pasivo circulante representa 46 por ciento de sus ingresos de libre disposición, y Coahuila que alcanzó 41 por ciento.

Al menos cinco entidades tienen un pasivo circulante de entre 25 y 30 por ciento de sus ingresos de libre disposición, como el caso de Baja California Sur, con 29 por ciento; Colima y San Luis Potosí, ambas con 27, y Yucatán y Quintana Roo, con 25 por ciento cada uno.

Cinco entidades más registraron un pasivo con proveedores de entre 20 y 25 por ciento de sus ingresos de libre disposición, entre los que se encuentran Baja California, con 25 por ciento; Chihuahua y Tamaulipas, 23; Campeche, 22, y Sonora, 21 por ciento.

Jalisco y NL, con mejoras

Las entidades que registraron una relación menor entre su pasivo circulante e ingresos de libre disposición fueron Jalisco, con 16 por ciento; Nuevo León, 14, y Veracruz, con 10 por ciento, de acuerdo con datos de HR Ratings.

Gallegos indicó que se espera que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que espera ser aprobada en el Senado, incluya métricas e indicadores para conocer a detalle la magnitud del pasivo circulante en las entidades federativas.

El analista mencionó que la Secretaría de Hacienda tradicionalmente no contaba con ese tipo de medición, por el tema de soberanía de cada entidad, ya que cada gobierno local tiene la facultad de contratar bienes y servicios.

“Para un estado y un municipio, lo que está obligado a registrar es su deuda en términos de participaciones. La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas no tiene facultades para llevar un control del pasivo circulante, ya que no es considerada deuda estatal como la entendemos”, señaló Gallegos.

Los datos que obtuvo HR Ratings para conocer la magnitud del pasivo circulante se obtienen de la cuenta pública de cada entidad, pero no a escala federal, y es supervisado por los congresos locales, en conjunto con las auditorías y organismos de fiscalización.

“Y seguramente habrá estados que no van a cumplir con las métricas y serán etiquetados con altos niveles de endeudamiento; se piensa en Veracruz, Chihuahua, Michoacán o Quintana Roo”, agregó.

El analista aclaró que desde el punto de vista de flujo de recursos a las entidades, como son las participaciones federales, todavía no se han reducido de manera alarmante, a pesar del descenso de cuatro por ciento anual que se registró en enero de este año.

Además de la acumulación de deuda con empresas proveedoras en distintas entidades, Gallegos indicó que los recortes presupuestales de la Secretaría de Hacienda, por 132  mil millones de pesos, presionarán las finanzas estatales si las entidades deciden asignar recursos a obras que ya no recibirán dinero de la Federación.

Esa presión se determinará cuando “un programa reciba un recorte y si el estado aplica o no aplica para ese programa y cómo lo sustituye. Entonces, en términos generales, la evolución de cuanto afectará la disminución de recursos lo observaremos a mediados del año”.

Es decir, los estados pueden solicitar una asignación de recursos para continuar con programas que fueron eliminados, y en caso de no obtenerlo decidir si lo pagará con recursos propios, lo que se observará “lentamente” y por junio se experimentarán los impactos reales para los estados.