Agencias
MÉXICO, D.F.- Luis Fernando López Capella, abogado defensor del general Roberto Dawe González, acusado por supuestos nexos con el narcotráfico junto a militares como el divisionario Tomas Ángeles Dauhare, obtuvo una suspensión definitiva para evitar que la PGR lo detenga tras una denuncia de presunto “enriquecimiento ilícito” por 151 mil 417 pesos en 2003.

La Visitaduría General lo citó a comparecer este miércoles en calidad de presunto responsable a partir de una acusación que pretende vincularlo con un delito que ya prescribió, según informa Milenio.

El abogado consideró que este caso deriva de una persecución en su contra por parte de la Procuraduría General de la Republica durante la pasada administración, en represalia por defender al general Dawe y exhibir la injusticia que se cometió en su agravio.

Consideró que el Ministerio Publico de la federación intentó amedrentarlo basado en esta denuncia para que dejara la representación legal del militar.

Según la averiguación previa 018/SECCCI/05, iniciada en la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción de la institución, López Capella es investigado por un presunto ilícito que data de hace 10 años.

Entonces el penalista era fiscal de investigación de delitos contra la salud y a pesar de que dejó el cargo en 2003 la demanda en su contra se presentó hasta el 2005.

Esta indagatoria se basa en un supuesto enriquecimiento ilícito de 151 mil 417 pesos, cantidad que incluso es menor a su percepción mensual en 2003 y que era equivalente a la de un director general.

“Es un delito que ya prescribió, se trata de algo ilógico y de una cantidad ridícula si se toman en cuenta los ingresos que tenía; en mi opinión fue un pretexto para amedrentarme y que dejara la defensa del general Dawe”, acusó el litigante.

Presunto resposable

En 2003 el salario de López Capella como fiscal era de 97 mil pesos mensuales, más un bono de riesgo que percibía de 82 mil pesos por ser personal sustantivo; a esa cantidad se le sumaban viáticos por comisión de aproximadamente mil pesos diarios.

Sin embargo, la PGR consideró -en la anterior administración- que el penalista era presunto responsable de enriquecimiento y lo citó a declarar a las 11:00 horas de este miércoles.

Ante ello López Capella promovió un amparo para evitar su detención o retención, el cual fue otorgado a través de una suspensión definitiva por Augusto Octavio Mejía, juez tercero de distrito de amparo en materia penal.

Pese a contar con la protección de la justicia federal, el penalista acudirá hoy ante la Visitaduría, porque asegura que tiene un historial intachable y que no cometió algún delito.

El abogado laboró en la PGR durante la administración de Vicente Fox que desempeñó además de fiscal, como subdelgado en Sinaloa y Nayarit, subdelegado de Asuntos Especiales comisionado al penal de máxima seguridad de Almoloya, Estado de México, y renunció en 2003.

La denuncia en su contra se presentó dos años después de que dejó de trabajar a la PGR.