Blanca Valadez/Milenio
MÉXICO, D.F.- Cada año se registra en México hasta un millón de abortos inducidos y una de cada seis mujeres opta por la interrupción clandestina del embarazo por temor a caer en prisión en alguno de los 17 estados en los que se han endurecido las leyes contra quienes “atentan contra el derecho a proteger y garantizar la vida”.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara, en agosto de 2008, la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal, en forma casi inmediata, por lo menos 17 estados, panistas y priistas, comenzaron a blindar sus legislaciones para evitar la legalización del aborto.

“Son las mujeres pobres, menos educadas e indígenas, las que tienen nueve veces más probabilidad de tener un aborto inseguro que las mujeres con mayores posibilidades económicas, más educadas y que no pertenecen a etnias indígenas”, explicó Regina Tamez, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida.

Los estados en los que se han cerrado todas las posibilidades para que se repliquen las reformas realizadas en la capital del país son: Morelos, Baja California, Colima, Durango, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, Querétaro, Oaxaca y Tamaulipas.

Esos cambios al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal del 26 de abril de 2007 sobre la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana de gestación, han permitido un total de 119 mil 522 procedimientos de Interrupción legal del embarazo entre jóvenes de 18 a 29 años, principalmente.

De éstas, 50 por ciento reportaron ser solteras y el resto casadas; 30 por ciento manifestaron tener un nivel de secundaria; otro 30 por ciento de preparatoria y el resto nivel universitario.

Armando Ahued, secretario de Salud del DF, precisó, a siete años de la aplicación del ILE, que en la Ciudad de México 32 mil mujeres de otras entidades, la mayoría del Estado de México, interrumpieron su embarazo en el Distrito Federal.

Seis mil 700 abortos fueron practicados a menores de edad, de los cuales, 98 por ciento fueron acompañadas por su madre.

Cuarenta mil mujeres que pidieron información decidieron tener al bebé, es decir, una de cada tres. Solo dos por ciento de las más de 119 mil se ha realizado más de una interrupción en alguno de los nueve hospitales y cuatro clínicas acondicionadas para ello.

El aborto clandestino en México, conforme a GIRE, el Instituto Nacional de la Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos, tiene entre sus causas esenciales la falta de acceso a igualdad y a una vida libre de violencia.

Estadísticas oficiales de la SSA reportan que en México tres de cada 10 jóvenes, entre 12 y 19 años, ya tienen vida sexual activa y no utilizan método anticonceptivo.

Además, no todos los encuentros sexuales son consensuados y por lo tanto son considerados como violaciones

Según Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, las procuradurías estatales se niegan a levantar la denuncia de manera inmediata y expedita, con lo cual ya no es posible acceder a todo un paquete de atención.

El Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH/sida reportó que en 2013 se otorgaron en algunos de sus 273 centros autorizados en el país tratamiento antirretroviral a mil 800 mujeres, para víctimas de violaciones.

La mayor parte de las víctimas de violación sexual no denuncian ni exigen tener acceso a la interrupción legal del embarazo y a la píldora de emergencia, como establece la NOM 046, por temor a la criminalización.

Lo que se incrementó a lo largo del país, de acuerdo con cifras de la CNDH, en aproximadamente 150 por ciento, fue el número de denuncias y encarcelamiento contra aquellas mujeres que pierden el producto por diversas razones.

Los códigos penales de las 32 entidades del país contemplan el aborto por violación. Pero Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz tienen plazos muy estrictos para la interrupción del embarazo, que va de los 75 días y tres meses a partir de la violación.