Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- Los agentes del área de Inteligencia de la Policía Federal que denunciaron a la universitaria Jacqueline Selene Santana López y a su novio Bryan Reyes Rodríguez por haber amagado con cuchillos a una oficial para robarle 500 pesos cayeron en contradicciones y fueron desmentidos por su jefe.

Marcos Vicente González Monjaraz, director general de Operación e Infiltración del área de Inteligencia de la Policía Federal, rechazó haber entregado un kit a sus subordinados para resguardar los objetos punzocortantes y el papel moneda, que supuestamente son prueba del delito.

En su declaración rendida el pasado 16 de febrero, dentro la causa penal 109/2014, del juzgado 13 de distrito de procesos penales federales, el mando incluso refutó haber tenido a la vista, el día de la detención de los jóvenes, a los agentes Lidia Zárate Herrera, José Montiel González y Luis Alberto Castillo Gordillo.

Jacqueline y Bryan fueron capturados cerca de la delegación Venustiano Carranza el 15 de noviembre de 2014, presuntamente por amagar a Lidia y robarle 500 pesos.

En su ampliación de declaración, el agente Luis Alberto fue cuestionado por los abogados Sergio Soto Nájera y Jorge Miranda, sobre la manera en que puso a disposición del agente del Ministerio Público los cuchillos que supuestamente portaban los novios.

"Que diga el elemento aprehensor (Castillo), ¿quién realizó el embalaje de los dos cuchillos que refiere en su declaración?", se le preguntó.

"Entre mi compañero (José Montiel) y yo nos ayudamos",respondió.

Y se le cuestionó nuevamente: Que diga el elemento aprehensor cómo realizaron el embalaje.

"Compramos un kit de embalaje, que consta de guantes quirúrgicos, diurex, tijeras, bolsa ziploc...", contestó.

"Que diga el elemento aprehensor, quién compró el kit que refiere". El oficial manifestó: "Fue mi superior, el jefe (Marco Vicente González) Monjaraz, porque le informamos inmediatamente que habíamos tenido un percance y una vez que llegara él a la delegación (Venustiano Carranza, adonde fueron conducidos los jóvenes), se le explicaría. No recuerdo la hora en que se le avisó."

Sin embargo, el director general de Operación e Infiltración declaró ante el juez de la causa que nunca tuvo a la vista a sus subordinados, tal y como afirmaron éstos y mucho menos les entregó un kit de embalaje para el resguardo de los cuchillos.

Asimismo, señaló que la orden para que los agentes se ubicaran en las inmediaciones de la delegación el pasado 15 de noviembre fue de Irving Cejudo Martínez, director general adjunto de la mencionada dirección.

Monjaraz comentó tener conocimiento que en el operativo de detención de los novios participaron entre 25 y 30 agentes que utilizaron vehículos no balizados (entre ellos automóviles pintados de taxi y otros similares a particulares), pero aclaró que son institucionales, precisamente para realizar labores de inteligencia.

En el oficio número PF/COE/DGOI/J/903/2014 de la División de Inteligencia, Coordinación de Operaciones Encubiertas, de la Dirección General de Operaciones e Infiltración, de la Policía Federal, Marcos Vicente González dijo que sus elementos no estaban comisionados para llevar a cabo una indagación respecto a las actividades de Jacqueline y Bryan.

Contradicciones

Los abogados de la pareja ofrecieron el pasado lunes una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, en la que estuvieron presentes la madre y hermana de Bryan, María del Carmen Rodríguez y Wendy Reyes, respectivamente, así como la mamá de Jacqueline, María de la Luz López.

Los litigantes denunciaron las contradicciones en que han incurrido los federales durante su ampliación de declaración, quienes han cambiado la versión de los hechos.

Lidia afirmó que el pasado 15 de noviembre, comió quesadillas en unos puestos que se localizan sobre avenida Fray Servando Teresa de Mier, pero en dicho lugar no hay puestos.

"La elemento de Inteligencia refiere que sus compañeros Montiel y Gordillo llegaron corriendo a auxiliarla y dice que no se percató que les hayan hecho una revisión a los estudiantes, pero después refirió que ella no les hizo ninguna revisión corporal a los estudiantes y tampoco sus compañeros", explicó el abogado Jorge Miranda.

Junto con Sergio Soto, comentó que las familias y ellos sostuvieron una reunión hace unas semanas con Rodrigo Archundia Barrientos, encargado de despacho de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, para exponerle todas las inconsistencias, y que la detención de sus clientes se debe a su activismo político.

Aseguró que el extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ofreció enviar un fiscal para revisar el expediente y, en caso de encontrar irregularidades, desistirse de continuar con el juicio. Pero hasta el momento no lo ha enviado.

Soto adelantó que promoverán ante el juez de la causa un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, pues ya existe un dictamen pericial de la autoridad que demuestra que los jóvenes no manipularon algún cuchillo.

Además de que el billete de 500 pesos desapareció, porque el área de depósitos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal depositó el dinero en una cuenta concentrada de tres mil 700 pesos a nombre del gobierno capitalino.

Ambos jóvenes han participado en manifestaciones antigubernamentales, particularmente por los asuntos relacionados con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el caso Tlatlaya.