Agencias
MÉXICO, D.F.- José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, obedecía al crimen organizado y ordenó el ataque del pasado 26 de septiembre en el que murieron seis personas, además la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, por eso se negó a la puesta en marcha del mando único, aseguró René Bejarano, dirigente de la Izquierda Democrática Nacional.

En entrevista con Carlos Marín en El asalto a la razón, el dirigente perredista declaró que Abarca firmó, pero no permitió el mando único en su municipio. Impidió que operara porque trabajaba para el crimen organizado, para Guerreros Unidos, informa Milenio.

Su desaparición, días después de los hechos, permite señalar que recibió protección política para después usar esa situación y afectar al PRD de cara a las elecciones de 2015, afirmó.

“Hubo protección política y cierto nivel de negligencia, de irresponsabilidad, ante las evidencias, se soslayó y estalló un conflicto. Hubo protección política a escala local, pero también federal”.

—Si hay protección política, eso va más allá de las autoridades de un ayuntamiento, —dijo Marín.

—Hubo protección política a escalas local y federal. Se calculó políticamente que se debía dejar descomponer el asunto para capitalizarlo políticamente en 2015, cuando habrá elecciones.

En opinión del perredista, “si las autoridades conocían de los hechos y se supo de la desaparición forzada de 43 personas, de la muerte violenta de seis, una de ellas desollada, y se tenía información de antecedentes de los presuntos actos delictivos, lo primero que se debió hacer era detenerlo y no permitir que se diera a la fuga”.

Bejarano conoce el historial del edil, pues en 2013 llevó a la oficina del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y de la subprocuradora de la PGR,  Mariana Benítez, los testimonios de testigos del asesinato de Arturo Hernández Cardona y otras dos personas en mayo de 2013, así como de la tortura a siete personas más.

Descomposición inmediata

Narró que a la llegada de Abarca a la alcaldía de Iguala, la situación comenzó a descomponerse. La tranquilidad de la vida cotidiana se vio afectada por secuestros y extorsiones, y el modo de vida del perredista perteneciente a la corriente Nueva Izquierda cambió. Se convirtió en dueño de la Plaza Tamarindos, donde hay negocios de venta de oro.

Hasta ese lugar la noche del 26 de septiembre llegaron los normalistas a hacer su boteo para recabar dinero para la marcha del 2 de Octubre, lo que molestó al edil, quien se encontraba en el informe su esposa, María de los Ángeles Pineda, al frente del DIF municipal, a quien pretendía hacerla sucesora en el cargo.

“La estaba promoviendo para presidenta municipal, como va a haber elecciones locales, él la promovía al frente del DIF, hizo un informe fastuoso ese viernes y había grupos musicales. Llegaron los brigadistas a botear para trasladarse a la marcha del 2 de Octubre. Se les ocurrió secuestran tres autobuses y eso propició molestia, porque además pasaron por Plaza Tamarindos y generó irritación en el alcalde, por eso se presume que enviaron a los polícías para que los masacraran”.

Al día siguiente, el alcalde aseguró que no tuvo información al respecto. El procurador Iñaky Blanco confirmó la vinculación de la policía municipal en la masacre de seis personas.