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CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de Valeria, la niña de 11 años víctima de feminicidio en el transporte público de Nezahualcóyotl, estado de México, “vuelve a mostrar el impacto negativo de las prácticas institucionales que hacen ineficiente y tardía la Alerta Amber”, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En un comunicado, agregó que “en cientos de ocasiones se ha denunciado la misma negligencia en las autoridades ministeriales del estado de México, quienes niegan la búsqueda inmediata y el inicio de averiguación previa bajo el argumento absurdo de esperar 48 o 72 horas ‘por si se fue por su propia voluntad’ y particularmente cuando se trata de niñas o mujeres adolescentes bajo el argumento machista de ‘se fue con el novio’”, publica el portal web del periódico La Jornada.

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De acuerdo con los datos disponibles, indicó, esta entidad es donde ocurre el mayor número de homicidios en contra de niñas y mujeres adolescentes, con una cuarta parte de los casos registrados entre el año 2013 y 2015. Asimismo, “aun cuando el promedio nacional es de 139 personas desaparecidas, el estado de México registra un total de 975 casos de los cuales el 70 por ciento corresponde a mujeres menores”.

Ante este panorama, la Redim exige a las autoridades “investigar y sancionar las omisiones por parte de las autoridades que negaron auxilio a la familia de Valeria y con ello se convirtieron en cómplices de su feminicidio”; así como eliminar en todo el país protocolo administrativo por contravenir claramente el derecho a la protección e integridad de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, contar con un protocolo especializado de búsqueda inmediata de menores desaparecidos en cualquier circunstancia; destinar un equipo interdisciplinario de especialistas que acompañen la integración de la averiguación previa y el proceso judicial sobre el caso de Valeria, a fin de evitar la impunidad por desaseos en la investigación inicial.

Brindar acompañamiento psicológico especializado a la familia y reparación del daño de acuerdo a los estándares internacionales; ofrecer disculpas públicas por la negligencia por parte de las autoridades en el estado de México. Y capacitar a las autoridades para que actúen e investiguen con perspectiva de género, así como para brindar acceso a la justicia a niñas y mujeres víctimas de violencia.

También hizo un llamado a la Cámara de Diputados “para que apruebe a la brevedad, y sin cambios, la Ley General de Desapariciones que contempla un capítulo específico sobre #NiñezDesaparecida que permitirá el desarrollo de un protocolo específico de búsqueda inmediata con perspectiva de género”.

Además, a la Comisión Nacional de Seguridad, responsable frente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes de la Comisión sobre violencia contra la infancia “a crear un grupo de trabajo sobre violencia machista y feminicidios que oriente la política pública de prevención y el acceso a la justicia”.