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CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Aleida Alavez Ruiz solicitó que el traslado del pederasta Jean Succar Kuri del penal federal Altiplano al municipal de Cancún se suspenda mientras el gobierno mexicano no solvente la observación del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

De acuerdo con 20minutos.com, la legisladora de Morena afirmó que en este caso de pederastia se acreditó la colusión de autoridades y particulares para violentar los derechos de niñas y niños, así como de la periodista Lydia Cacho.

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El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, precisó, emitió una resolución del caso, porque a su parecer después de más de 13 años de sucedidos estos hechos prevalece la impunidad para todos los implicados en esta red de corrupción de menores.

Dicho comité estableció que el Estado mexicano está obligado a realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por la periodista, así como a procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los responsables de las violaciones cometidas.

Además, ofrecer una compensación adecuada a Cacho Ribeiro por la violación de sus derechos humanos, así como adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades.

Esta resolución, dada a conocer hace un par de meses, está en proceso de respuesta por el actual gobierno federal, por lo que la legisladora de Morena se pronunció por que Succar Kuri no sea trasladado del penal del Altiplano a Cancún, Quintana Roo, porque está pendiente el cumplimiento a las observaciones de la ONU.

Agregó que aunado a ello, el Artículo 18 constitucional previene que no se conceda ese beneficio al interno, por tratarse de un caso de delincuencia organizada. Alavez Ruiz pidió que el pederasta cumpla su sentencia de 112 años de prisión en un penal de alta seguridad, como el del Altiplano, porque la pederastia es uno de los peores crímenes que laceran a niñas y niños.

“Las autoridades judiciales y administrativas tienen la obligación de cuidar y proteger los derechos de las víctimas, por lo que aprobar el traslado de este tipo de personajes es un acto que afecta a toda la sociedad”, subrayó. Por ello, insistió en que el Estado mexicano debe cumplir con las observaciones de la ONU y que no autorice el traslado.

“No permitamos que se abone más a este caso; este criminal debe permanecer en el penal donde se encuentra porque violentó y cambió para siempre la vida de sus víctimas. No podemos ser un estado laxo con los criminales; sentaríamos pésimos precedentes”, advirtió.