Ciudad de méxico.- Durante la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud en torno a la pandemia del COVID-19 en México, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que durante la reunión entre gobernadores y autoridades federales hubo importantes diferencias por  el semáforo de riesgo, pero que la Ssa no amenazó con aplicar sanciones penales si no cumplían las disposiciones federales.

“No hubo amago, no es el modelo ni la visión de este gobierno; actuamos con base en la ley y vamos por el díálogo, por la razón. Es un compromiso ético y las sanciones derivan de la Ley Federal de Salud no de amenazas. Cada estado debe responder por sus decisiones soberanas, no es amago, es claridad.

De acuerdo con López-Gatell, la principal discrepancia se ha dado entre la disposición federal y la evaluación estatal, porque, en efecto, existen elementos que las autoridades locales conocen mejor, porque no es lo mismo para uno estado turístico, que para otro minero o uno diversificado como la CDMX,

“El fenómeno de compartir la responsabilidad no es nuevo. Al hacer la revisión del texto del semáforo, y en respuesta a la inquietud de los gobiernos estatales en relación con las condiciones en que pueden diferir, acordamos que, de acuerdo con la ley, fuera explícito cuál es la responsabilidad estatal y cuál la federal, para que cada parte asuma lo que le corresponde”.

El vocero de la pandemia de COVID-19 en México dijo que en el lineamiento técnico queda identificado dónde pueden los gobiernos estatales interpretar y adaptar los lineamientos del gobierno federal.

“Después de 5 meses de epidemia en México, con la tensión que ha suscitado, generó inquietudes, y ante ello decidimos los gobiernos estatales y federal, que teníamos que dar dos salidas: una técnica que se relaciona con todos los temas de salud del semáforo, como son los indicadores, ponderación, las tendencias de ocurrencias de casos y hospitalizaciones, y otra que incluya los demás componentes como lo económico, social y político”.

Afirmó que han recibido 1100 reclamos jurídicos, amparos, denuncias, y en medio de la prioridad de la pandemia, han tenido que responder a estas demandas. Agregó que muchas provienen de grupos políticos identificados, y que buscan hacer eco en medio de comunicación y redes sociales.

“Ojalá siga el empeño de la sociedad, de los comunicadores, de tener una respuesta responsable donde tengamos claro que la prioridad número uno es proteger la salud de los mexicanos. La economía y la sociedad son parte de esa protección de la salida. Hay que subir el nivel, ir a lo trascendente”, reiteró el subsecretario.