El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó el martes que su gobierno tenga relación con la empresa israelí NSO Group, dueña del programa informático de espionaje Pegasus, pero admitió que las secretarías militares y otras instancias estatales tienen sus servicios para labores de inteligencia.

Durante su conferencia de prensa matutina López Obrador negó que en la actualidad las dependencias del gobierno mexicano tengan contratos con NSO Group, que ha sido señalada por las autoridades locales de haber suscrito, a través de "compañías fachadas", una treintena de contratos con administraciones anteriores para labores de espionaje.

"En la actualidad no hay contratos con estas empresas", afirmó el mandatario al ser consultado sobre el caso Pegasus y agregó que las secretarías de Defensa Nacional y Marina, entre otras, tienen contrataciones de otros servicios para "llevar a cabo labores de inteligencia", pero no ofreció detalles.

El mandatario indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está elaborando un informe, por solicitud de la Fiscalía General de la República, sobre los sistemas y equipos que se utilizaron para el espionaje telefónico con Pegasus en México.

Se harán públicos contratos de Pegasus: AMLO. #AlAireConPaola con @PaolaRojas pic.twitter.com/y5wRQcKnRO

— Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) July 28, 2021

Las autoridades mexicanas anunciaron recientemente que se habían localizado 31 contratos para el uso de Pegasus firmados por diferentes departamentos de seguridad durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012) valuados en unos 61 millones de dólares.

La investigación dejó al descubierto una lista de más de 50.000 números de teléfonos celulares que fueron espiados en todo el mundo -incluidos los de 189 periodistas, más de 600 políticos y funcionarios, al menos 65 ejecutivos de negocios, 85 activistas de derechos humanos y varios jefes de Estado de distintos países-.

En México se identificaron a políticos, entre ellos López Obrador, decenas de defensores de derechos humanos, abogados, religiosos, médicos, líderes sindicales y por lo menos 25 periodistas, incluido el comunicador Cecilio Pineda, asesinado a tiros en marzo de 2017.

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