Amplían proceso de titular del Instituto Nacional de Migración
Por solicitud de la FGR un juez federal extendió por dos meses el plazo de investigación complementaria.
Un juez federal extendió por dos meses más el proceso comenzando en contra de Francisco Garduño, quien permanece como el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el caso de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la República, Ernesto Cornejo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, amplió el plazo de investigación complementaria en el proceso iniciado al funcionario por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
La FGR justificó su petición argumentando que el pasado 12 de julio realizó solicitudes de asistencia jurídica internacional a Venezuela, El Salvador y Honduras, para que remitan documentos que acrediten el nacimiento de las víctimas, y a la fecha no ha conseguido respuesta.
También, porque aún faltan elaborar los dictámenes de medicina forense de los 26 lesionados; solicitar a un juez la extracción de información a unos teléfonos asegurados y la inspección de diversos documentos incautados en la estación migratoria, señalan documentos judiciales.
Los abogados de Garduño no se opusieron a la ampliación del plazo, razón por la que quedó autorizada; ahora la investigación complementaria finalizará el próximo 23 de octubre.
Este proceso está contemplado para que el imputado y la Fiscalía reúnan sus respectivos datos de prueba que eventualmente serán considerados en el juicio.
El pasado 27 de marzo un incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez dejó un saldo de 40 fallecidos y 26 lesionados.
El titular de INM fue procesado el 30 de abril por ejercicio ilícito del servicio público.
Porque un juez consideró que había datos de prueba de que, pese a tener la obligación por encargo de la seguridad de las sedes migratorias, propició un daño a las personas, instalaciones y objetos, así como la pérdida de materiales que estaban bajo su cuidado.
La pena máxima por el delito de ejercicio ilícito del servicio público es de 3 años de cárcel, sin embargo es conmutable por una multa u otro tipo de sanción.
Con información de Reforma