Milenio
MÉXICO, D.F.- Agricultores y representantes del Poder Legislativo coinciden en la conveniencia de aumentar el acceso del financiamiento al campo y establecer una tasa de interés preferencial de 5 por ciento, para pequeños y medianos productores, tal y como cómo sucede en naciones desarrolladas como Estados Unidos.

En entrevista con MILENIO, Benjamín Grayeb, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), señaló que dentro de los acuerdos alcanzados en el Pacto por México, firmado entre Enrique Peña Nieto y algunos partidos políticos, existe el compromiso de impulsar la productividad del campo por medio de créditos y subsidios redireccionados, “como lo marca su compromiso 65 en productividad.”

“Al parecer ahora sí nos escucharon, estas propuestas son ideas que impulsamos desde hace mucho tiempo, al presidente Peña Nieto, durante su campaña se le entregó una propuesta de política pública que reformará al campo mexicano e incrementará el PIB agrícola de 1 a 6 por ciento”, precisó.

Isidro Pedraza Chávez, integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores, aseveró que es posible fijar ese porcentaje de interés (para las Pyme), pues es un aspecto básico que debe incentivar el gobierno, tal como lo hacen en otros países para competir en el mercado global.

En opinión del legislador no se debe de caer en sobregarantías, pues es posible eficientar los recursos con esquemas especiales a productores medianos y pequeños, para impulsar la producción de alimentos en el mercado interno.

Salvador Barajas del Toro, presidente de la comisión de ganadería e integrante de la mesa de agricultura de la Cámara de Diputados, remarcó que la falta de facilidades tanto de la banca comercial, como de la de desarrollo, hacen que el agricultor abandone su actividad, pues no le resulta redituable, sino solo un gasto.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) precisó que 2006 a 2011 el financiamiento aumentó 76.5 por ciento; al pasar de 62 mil 846 millones de pesos a 110 mil 916 millones los préstamos autorizados.

Dependientes del campo

No obstante, la institución reconoce lo complicado que es establecer la medición de la tasa de interés para el campo, pues el cálculo de riesgo se hace por cada proyecto, anticipando los problemas de colocar ese capital y si habrá regreso del mismo.

FIRA menciona que esta medición la realizan la banca comercial, sofomes, sociedad financiera, uniones de crédito, sofotipos, Financiera Rural, entre otras.

En el documento Criterios técnicos en la evaluación de proyectos III, asevera que históricamente las variables de medición incluyen riesgos de inflación y otras variables que pueden afectar cada proyecto, lo cual ha implicado que la tasa de interés promedio para el campo ha estado por encima de doble dígito.

Por ello en mayo pasado el CNA presentó una propuesta de política pública a los candidatos a la Presidencia, donde pedían un esquema diferenciado para el campo mexicano, que impulsara actividades del sector que actualmente no son redituables como negocio.

Entre otras necesidades se habla de dar seguridad a los derechos de propiedad de la tierra; apoyar la creación de incentivos fiscales que promuevan la producción de alimentos, así como alianzas innovadoras de carácter público–privado que beneficien a los agricultores al tiempo que contribuyan al crecimiento económico del sector rural.

Según el CNA, 22.2 por ciento de la población mexicana vive en el sector rural, es decir, 24.9 millones que dependen directamente del campo.

El sector agropecuario y agroindustrial crea 14 por ciento del empleo formal del país, y genera entre 10 y 30 por ciento del PIB de las economías regionales, sin embargo, durante el gobierno de Calderón el campo nunca se vio como un negocio, por eso fue entregado en charola de plata en acuerdos comerciales internacionales, como el Tratado de Libre Comercio con Perú y el Transpacífico (TTT).

Mitos del campo

La Secretaría de Economía afirmó que el sector agropecuario tiene un régimen fiscal “superpreferente”, pero en realidad 90 por ciento de los países de la OCDE tiene ese tipo de esquema, excepto México.

También se ha dicho que la actividad agropecuaria es cerrada y proteccionista, que no le gusta competir; pero no se dice que cuenta con altas normas de calidad para competir con cualquier país, pese a que no se garantiza bilateralidad.

Los empresarios del campo proponen separar los programas agropecuarios de los de desarrollo social, con lo que se combate la pobreza alimentaria, pues eso afecta la visión de negocio sobre el mismo sector.