Políticos se blindan de los drones: habrá cárcel por 'espiarlos
Aprueban hasta con 30 años de prisión a quien realice ataques a servidores públicos con estos artefactos.
La Cámara de Diputados de México ha aprobado una sanción de hasta 30 años de cárcel a quien realice ataques con drones explosivos a servidores públicos, ante reformas cruciales al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en respuesta al aumento alarmante en el uso de estos artefactos en el crimen organizado.
Dichas reformas imponen penas de hasta 20 años de prisión para aquellos que operen estos dispositivos, con la posibilidad de aumentar la pena a 30 años en caso de ataques dirigidos contra elementos de las Fuerzas Armadas o de Seguridad Pública.
Además, la legislación sanciona con prisión de hasta diez años a aquellos que utilicen estos artefactos para realizar vigilancia de las actividades de servidores públicos mediante la captura de fotos y videos. La exposición de motivos de la iniciativa destaca la urgencia de estas reformas, señalando que se reportaron 605 ataques con drones solo entre 2020 y 2023, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El artículo 163 del Código Penal establece que la pena de prisión de 10 a 20 años se aplicará a quienes, mediante el uso de drones, arrojen objetos o artefactos explosivos susceptibles de causar daño a personas o bienes. En caso de afectar a personas o bienes de las Fuerzas Armadas o de seguridad pública, la pena se aumentará hasta en una mitad.
Adicionalmente, la legislación prohíbe la importación, fabricación, armado, adquisición o adaptación de drones para transportar materiales regulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, imponiendo penas de cinco a diez años. Asimismo, aquellos que utilicen drones equipados con dispositivos de vigilancia para actividades ilegales contra servidores públicos enfrentarán penas de tres a diez años de prisión. Estas medidas buscan hacer frente a la creciente amenaza derivada del mal uso de los drones en México.
Lo anterior, se dio gracias a un respaldo de 419 votos a favor, ninguno en contra y 23 abstenciones, los diputados respaldaron esta iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el pasado 1 de agosto. La propuesta, ahora dirigida al Senado para revisión y votación, establece también penas de hasta 10 años de prisión para quienes importen, fabriquen o adquieran drones explosivos.
(Con información de El Financiero)