Fernando Damián e Israel Navarro/Milenio
MÉXICO, D.F.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para imponer multas de hasta 300 días de salario mínimo (19 mil 428 pesos) a las autoridades escolares que impidan el ingreso, retengan documentación o condicionen la permanencia de los alumnos en las escuelas públicas al pago de cuotas.

Avalado con 380 votos a favor, 50 en contra y 12 abstenciones, el proyecto garantiza el ejercicio pleno del derecho a la educación, mayor equidad educativa e igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, con la aplicación de sanciones a quienes soliciten contraprestaciones económicas en dinero o en especie.

En representación de Nueva Alianza, la diputada Sonia Rincón expresó su rechazo tajante al “intento de criminalizar a profesores y padres de familia”, mientras Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, tachó la propuesta de draconiana y excesiva.

Desde la tribuna parlamentaria, el legislador priista Gerardo Hernández, así como los perredistas Margarita Tapia y Fernando Belaunzarán, defendieron la gratuidad irrestricta de la educación pública, y respaldaron por ello la iniciativa del diputado Tomás Torres, del PVEM, que originalmente proponía una pena de entre tres días y tres años de cárcel, además de las multas referidas.

Los diputados suprimieron la propuesta de equiparar la exigencia de cuotas escolares con el delito de abuso de autoridad, pues, a juicio de Monreal, ello habría representado una pena de entre uno y ocho años de prisión para los profesores que incurrieran en dicha conducta.

La reforma establece una multa de uno a 300 días de salario mínimo a quien impida el ingreso o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno.