Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- El exdirector de la Policía Nacional de Colombia, el general Óscar Naranjo Trujillo, aseguró que durante muchos años los gobiernos de América Latina vivieron en el error de pensar que la violencia era generada por la pobreza.

“Un gran error, ¿por qué? Porque de manera arbitraria lo primero que hicimos fue graduar a los pobres como delincuentes; delincuencia y pobreza estuvieron tan asociados que (a) los pobres (los) llegamos a estigmatizar como los responsables de esa violencia”, señaló.

De hecho, reiteró que la violencia no es una expresión natural de la pobreza.

Durante su participación en el Seminario sobre la Violencia en México, en el Colegio de México (DF), dijo también que América Latina vive una “calamidad de urgencia humanitaria”, debido precisamente a la violencia, aunque aclaró que ésta deriva de la falta de políticas públicas de seguridad y convivencia.

El asesor en seguridad del presidente Enrique Peña Nieto indicó que en 2012 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó que 36 por ciento de muertes violentas ocurrieron en América Latina.

Mencionó que hoy se habla de la mejor década de crecimiento económico en la región; no obstante, se preguntó por qué si este avance redujo en la pobreza, la violencia se mantiene. El general respondió: “Porque algo está fallando en la política pública”.

Comentó que en los últimos 70 u 80 años los gobiernos del continente incurrieron en el error de no entender la seguridad como valor democrático.

“Cuando uno revisa, desde la Patagonia hasta el río Bravo (la frontera de México con Estados Unidos), qué pasó con la política pública de seguridad es que la seguridad apareció simplemente como un elemento instrumental de los gobiernos para mantener el orden y, por tanto, para el ciudadano, lejos de ser un valor democrático, era una expresión de regulación y en algunos casos de autoritarismo”, apuntó.

El militar colombiano aseguró que muy pocas veces la seguridad apareció atada al valor de la convivencia.

El exdirector de la Policía Nacional de Colombia destacó que cuando se revisan las políticas de seguridad de las últimas décadas también se puede conocer que en América Latina entendieron que era una expresión para mantener la “seguridad nacional”.

Recordó que hasta hace pocos años los gobiernos asumían que dentro de una nación existían enemigos que no comulgaban con valores y principios democráticos, y se declaraba a esos disidentes como objetivo de la política de seguridad nacional.

Bajo ese criterio, añadió, fue más importante proteger los intereses de la nación que los del ciudadano. En ese sentido, se deshumanizó la política y se descuidó a la gente.

Por otra parte, precisó que en las últimas tres décadas la política de seguridad terminó convertida en sinónimo de lucha contra el narcotráfico.

“Las violencias en América Latina, las violencias dentro de cada Estado nacional a partir de una visión antidrogas, desdibujó la multicausalidad misma de la violencia. De alguna manera durante los últimos 20 o 30 años asumimos que toda la violencia en América Latina y toda esta tragedia humanitaria reflejada en tantas muertes es imputable exclusivamente al fenómeno del narcotráfico.

“La verdad, también allí hay una desviación que imposibilitó que la política pública de seguridad pudiera llegar a las razones profundas, a la etiología de los delitos, para ofrecer soluciones que realmente fueran eficaces y lograran contener esta epidemia o pandemia (violencia) que se ha extendido entre nosotros”.

En cuanto a los grupos de autodefensa que hay en México, el general dijo que ninguna expresión de esa naturaleza puede ser llamada policía comunitaria, porque ser policía implica una convicción, defensa de los valores democráticos y tener conocimientos en el tema.

Comentó que esos grupos no son policías ni comunitarios y puntualizó que cuando un Estado renuncia al monopolio de la fuerza, a asegurar la aplicación de justicia y cobrar tributos, abre lugar a los paraestados.

“Expresiones de ciudadanos armados para defenderse y hacer justicia son inadmisibles, en mi opinión (…) es imposible aceptar que un ciudadano se arme para hacer justicia.”