Agencias
WASHINGTON, D.C.- México está consciente de la necesidad de evitar que se registren casos en que mujeres embarazadas no reciben la atención médica que requieren, aun cuando se trate de casos aislados, afirmó aquí el subsecretario de Salud, Pablo Kuri Morales.

“Lo primero que uno tiene que hacer para resolver un problema es reconocerlo y creo que el gobierno (...) reconoce que existe un problema y está trabajando para evitar que ocurra”, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México.

Reconoció que si bien estas situaciones resultan indeseables a todas luces, “no se trata de un tema sistemático y hay que contextualizarlo en el marco de los 2.2 millones de nacimientos al año”.

En entrevista con Notimex en el marco de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Kuri Morales indicó que este tipo de casos requieren una respuesta amplia y mutisectorial, pero no debe ser impedimento para atacarlos.

Responsabilidad compartida

Hizo notar entre otros aspectos el hecho de que el sistema de salud en México es descentralizado, como consecuencia de lo cual la operación es responsabilidad de los gobiernos estatales y locales.

“Más allá de que ya ha generado todo este andamiaje jurídico-administrativo se necesita que haya todo un trabajo, que es en el que está empeñado el gobierno, tanto de capacitación como de difusión”, manifestó.

Agregó que el gobierno “está consciente de que hay cosas que no deben ocurrir y la posición es clara”.

Ante la problemática hay que tomar soluciones y ya dimos cuenta hoy en la audiencia de lo que se está haciendo de manera concreta”, mencionó.

Ausencia de marco legal

Durante la audiencia ante la CIDH, defensores de derechos humanos dijeron que la ausencia de un marco legal que defina la violencia obstétrica dificulta el combate y erradicación de este fenómeno que se traduce en prácticas discriminatorias contra mujeres indígenas.

Como reflejo de esta situación expusieron el caso de Irma, una mujer de origen mazateco que en octubre de 2013 dio a luz en el jardín de una clínica comunitaria de salud en el sureño estado mexicano de Oaxaca, después de que le fue negada la atención médica.

Kuri Morales indicó que casos como este llaman la atención por su difusión en redes sociales, “pero no han sido desatendidos en otras ocasiones casos similares que a lo mejor no fueron consignados en las redes sociales, pero que han sido motivo de reflexión y búsqueda de soluciones”.

Integrantes del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) dijeron ante la CIDH haber documentado otros 16 casos similares en esa entidad, así como en Chiapas y Tabasco.

Otro tipo de violencia

La directora general de GIRE, Regina Tamez, expresó que aunque hay leyes, la legislación en México no reconoce este tipo de violencia, caracterizada por la ausencia, deficiencia o negativa de servicio por diversas razones.

“Es importante que las leyes nacionales y estatales definan qué es la violencia obstétrica para que esta práctica se visibilice y sea mucho más fácil tener una transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado”, señaló al participar en la primera audiencia convocada por la CIDH para abordar el problema.

Tamez dejó en claro que para su agrupación la criminalización de este tipo de violencia no es la respuesta al problema. De acuerdo con cifras del observatorio de mortalidad materna, de 1990 a 2013 han fallecido en México 29 mil 869 mujeres como consecuencia de los deficientes servicios de atención en salud reproductiva.