13 de Diciembre de 2017

México

Avalan Diputados reforma educativa

El propio Instituto de Evaluación elegirá a su presidente; garantizan que los maestros en funciones mantengan su trabajo, al margen del resultado de los exámenes.

La Cámara de Diputados inició la discusión de las reformas al Articulo 3 constitucional en materia Educativa. (Notimex)
La Cámara de Diputados inició la discusión de las reformas al Articulo 3 constitucional en materia Educativa. (Notimex)
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Agencias
MÉXICO, DF.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó anoche el proyecto de reformas constitucionales para establecer la evaluación obligatoria de profesores, procesos y resultados en el sistema educativo nacional, aunque —a propuesta de Nueva Alianza— garantiza la permanencia de los maestros actualmente en funciones, al margen de sus resultados en los exámenes de oposición.

Con 424 votos a favor, 39 en contra y 10 abstenciones, los diputados avalaron en lo general el dictamen que otorga autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), según informa Milenio.

El nombramiento de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del organismo evaluador se hará a partir de igual número de ternas propuestas por el Ejecutivo federal al Senado.

Los legisladores Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, y Manuel Huerta, del PT, presentaron sendas mociones suspensivas para frenar el procedimiento del proyecto, pero la mayoría desechó esos recursos y puso el dictamen a discusión.

Justo antes de la votación en lo general, Huerta subió a la tribuna y encaró al presidente de la Mesa Directiva, el priista Francisco Arroyo, por haberle negado la palabra, pero un grupo de legisladores del tricolor llegó al auxilio de su correligionario para desactivar la confrontación.

Durante la discusión en lo particular de los artículos reservados, la fracción de Nueva Alianza logró introducir una frase para garantizar el respeto a los derechos constitucionales de los maestros, es decir, su permanencia en las plazas.

A propuesta de la bancada neoaliancista, la reforma constitucional aprobada establece que “la ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.

Al fijar la posición de su grupo parlamentario, la legisladora priista Paulina Alejandra del Moral dijo que las virtudes del proyecto son “sustanciales y de largo alcance”, además de reafirmar la supremacía del Estado mexicano sobre cualquier otro interés.

Llamó al pleno a votar por unanimidad y recordó que a la iniciativa de Enrique Peña Nieto se adhirió incluso el gobierno de Oaxaca, “identificado” con Andrés Manuel López Obrador.

El panista Fernando Rodríguez Doval sostuvo que la reforma educativa representa una “victoria cultural” del PAN y arengó: “¡Que nunca más volvamos a tener enfrente de un salón de clases a un profesor que no esté preparado para esa misión! ¡Que nunca más volvamos a tener una sola plaza de maestros que se compre o que se herede! ¡Que nunca más nuestra educación sea secuestrada por los intereses perversos de grupos, sindicatos o facciones políticas!”.

A nombre de Nueva Alianza, la diputada Dora María Talamantes reafirmó el respaldo de su partido a la evaluación, pero advirtió: “la evaluación en sí misma no es el fin”.

Indicó que la educación pública “está más allá de las disputas mezquinas y revanchismos políticos”.

Entre los cambios al proyecto original incluidos en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales destaca la atribución de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del INEE de elegir de entre ellos mismos a su presidente, en una decisión colegiada y por mayoría de votos.

La iniciativa del presidente Peña Nieto planteaba que el titular del Ejecutivo federal nombraría “de entre los miembros de la Junta de Gobierno a su presidente”.

En sus artículos transitorios, el dictamen aprobado prevé la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa y para ello mandata al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a realizar en 2013 un censo de escuelas, maestros y alumnos, a fin de que la autoridad disponga en una sola plataforma de los datos necesarios para la operación del sistema educativo.

Ordena establecer, en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias “para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico”.

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