Agencias
MÉXICO, D.F.- El Senado aprobó en comisiones la minuta de la reforma al Código Penal Federal que permite castigar con multas de uno a 300 días de salario mínimo a quien impida o condicione el ingreso o permanencia de los alumnos en escuelas de educación básica o media superior al pago de cuotas.

En el tema de las “cartas ciudadanas”, integrantes de la Comisión de Justicia acordaron que se revisen hoy en una nueva sesión, aunque ayer recibieron la opinión de la organización Un Millón de Jóvenes por México, cuyos integrantes consideraron inviable el dictamen porque no garantiza el derecho constitucional de proponer iniciativas al Congreso, informa Milenio.

El panista y presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, presentó los dictámenes, pero sin el tema de la reglamentación del artículo 29 constitucional sobre restricción de garantías y derechos en situaciones de gravedad.

Por lo que toca a las modificaciones al artículo 215 bis del Código Penal Federal, el dictamen señala que la reforma busca sancionar a las personas que realicen funciones de autoridad escolar e impidan el ingreso, retengan documentación o condicionen la permanencia de los alumnos a cambio de contraprestaciones económicas en dinero o especie.

Detalla que aun cuando la Ley General de Educación establece multas a quienes soliciten cuotas escolares, deja abierta la posibilidad de que existan sanciones penales por esas infracciones.

“Por ello es necesario avalar la propuesta de la colegisladora (la Cámara de Diputados) para establecer una sanción pecuniaria, pues no se considera viable imponer una pena privativa de la libertad a esa conducta”, se lee en el documento.

El perredista Manuel Camacho Solís expresó dudas respecto a si la reforma puede prestarse para sancionar a maestros en medio del conflicto magisterial que se vive en varios estados.

Sin embargo, el ecologista Carlos Alberto Puente y el priista Omar Fayad defendieron el dictamen.

Sustracción de menores

Los integrantes de la Comisión de Justicia también modificaron el código para incluir el tipo penal de “sustracción de menores de su entorno”, ya que actualmente este delito no está previsto en el ordenamiento federal. 

En el documento se precisa que los servidores públicos que cometan ese ilícito serán inhabilitados por un término igual a la pena privativa de libertad que se les imponga. 

Los legisladores indicaron que la mayoría de los casos de sustracción de menores son un delito local, pero existen algunos que se pueden analizar desde el ámbito federal.