Redacción/SIPSE
CIUDAD DE MÉXICO.- “No debe causar espanto, sino terror”. Así fue calificada la propuesta de ley contra la evasión fiscal que se discute en el senado, por Carlos Absalón Copete, doctor en política pública.

Ante un escaso público compuesto por menos de 10 senadores de la República Absalón Copete advirtió que la propuesta de ley es, literalmente, un “desastre” al encontrarse “plagada de inconstitucionalidades”.

La iniciativa propone incluir al catálogo de delitos cometidos por la Delincuencia Organizada a la Defraudación Fiscal y la Defraudación Fiscal Equiparada.

De acuerdo con la iniciativa de ley, mediante el conjunto de disposiciones, cualquier persona que en algún momento haya incurrido en una omisión administrativa al pagar sus contribuciones, aunque sea imprudencial, podrá ser sancionado con prisión preventiva, no tendría derecho a fianza y además se le acusaría de delitos contra la seguridad nacional y delincuencia organizada.

El experto consideró que la propuesta de ley persigue sin fundamento a las empresas, pues dado el texto de los senadores, prácticamente tacha a la iniciativa privada como un “cártel” al considerarles como organizaciones ilícitas.

“Una empresa o persona física que se constituye por vías legales, no es una organización de hecho como la delincuencia organizada, sino una organización jurídica, por tanto, no puede haber delincuencia organizada por definición”.

Acuso que los senadores pretenden convertir lo lícito en ilícito, al “crear los nuevos carteles en México: el cartel de las empresas mexicanas, el cartel de los bancos, el cartel de las industrias… eso es delicadísimo, somos entonces el país de los carteles, porque a partir de un monto, la ley los considerará delincuencia organizada”.

Absalón Copete advirtió que la ley que proponen los senadores eso es un problema de inconstitucionalidad gravísimo, “están creando cárteles en este país por disposición de ley y pues que esperen a ver quién invierte en México”.

Respecto al fraude fiscal, dijo que se conceptualizó para reparar el daño, a diferencia de la figura del decomiso que se aplica a los bienes del crimen organizado.

 “Los senadores dicen que el fraude fiscal es perseguido por querella, pero la delincuencia organizada no se persigue por querella” y caen en una inconstitucionalidad. Lo más grave es querer quitarle a las empresas y a las personas sus bienes y que se queden en manos del Estado, por la ley de dominio.

Absalón Copete afirmó que la iniciativa de los legisladores busca simple y llanamente quitar a las empresas sus bienes, para que pasen a propiedad del estado.