Un juez federal concedió al capo Rafael Caro Quintero, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos que le fue ejecutada en julio al ser detenido en la comunidad de San Simón, municipio de Choix, Sinaloa.

Según los registros del expediente publicados por el Consejo de la Judicatura Federal mexicana, un tribunal volvió a establecer el martes que Caro Quintero no podrá ser movido de la prisión de máxima seguridad del centro de México en la que se encuentra hasta que no haya una decisión en firme sobre su amparo, algo que no pasará antes del 25 de agosto cuando hay fijada una audiencia para tratar ese recurso.

Dicho amparo, cuyo fin real es retrasar el inicio del juicio de extradición, previene de cualquier traslado o entrega del detenido antes de que tal juicio no concluya.

Apenas la semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión de plano que impide el traslado del fundador del Cártel de Guadalajara y conocido "Narco de Narcos" a los Estados Unidos, país que lo requiere por el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena.

La FGR interpuso un recurso de queja y expresó agravios contra la convalidación de la suspensión de plano, que realizó una juez de Distrito de amparo del Estado de México, luego que le fuera turnado el juicio de amparo promovido por el "Narco de Narcos" ante un juzgador de Jalisco que le otorgó la suspensión de plano contra su traslado a los Estados Unidos sin pasar por el proceso de extradición.

La resolución decretada este martes por el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR), y si así ocurre le corresponderá a un tribunal colegiado determinar si confirma, revoca o modifica el fallo.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América había ofrecido por el narcotraficante, su objetivo prioritario, una recompensa de 20 millones de dólares por información para su captura y condena.

(Con información de El Universal y Associated Press)