Agencias
MÉXICO, D.F.- Un trabajo del equipo de la renombrada periodista Carmen Aristegui reveló la existencia de una lujosa casa propiedad de la primera dama de México, Angélica Rivera. Las turbias circunstancias que rodeaban a la casa hicieron que los ciudadanos cuestionaran duramente la credibilidad del Presidente de la República, ocasionando una caída dramática en su popularidad. Además, también salieron a relucir dudosas adquisiciones de inmuebles por parte de Luis Videgaray, titular de Hacienda.

Meses después del escándalo, el órgano anticorrupción concluyó que Enrique Peña Nieto, la primera dama y el secretario de Hacienda no incurrieron en conflicto de intereses por la adquisición de inmuebles a empresas que luego obtuvieron contratos públicos millonarios, un fallo que ha satisfecho a pocos y desató una serie de críticas de la oposición.

El secretario de la Función Pública y miembro del gabinete presidencial, Virgilio Andrade, dijo el viernes que tras una investigación de varios meses se determinó que "no existe conflicto de interés" porque los inmuebles fueron adquiridos antes de que Peña Nieto asumiera como presidente, en diciembre de 2012, y que tras revisar los contratos otorgados a las empresas involucradas no encontraron ninguna irregularidad.

"La investigación demuestra que la conducta tanto de mi esposa y la mía estuvieron plenamente apegadas a la ley", dijo el presidente sobre el fallo, pero reconoció que los mexicanos han perdido la confianza en el gobierno que no se recobrará con discursos.

Ofreció, además, "una sincera disculpa" a los mexicanos que se indignaron por las que calificó de "interpretaciones" sobre irregularidades.

La investigación consistió en parte en preguntar a los involucrados si habían incurrido en irregularidades, además de a 111 funcionarios que asignaron los contratos a las empresas si alguien los había influenciado.

Esquivó preguntas

A repetidas preguntas sobre si, por ejemplo, se habían examinado los correos electrónicos de los funcionarios o se había interrogado al presidente Peña Nieto, Andrade contestó con largas e indefinidas evasivas envueltas en lenguaje jurídico que no respondieron varias cuestiones clave.

La oposición criticó la conclusión y la calificó de "burla" por lo que ha visto como una falta de independencia de Andrade, al haber sido designado por el propio presidente.

El Partido de la Revolución Democrática consideró en un comunicado que la investigación "carece de credibilidad, es inaceptable, insuficiente y tendenciosa... Es inaceptable porque la exoneración se realiza desde la posición de un subordinado".

Desde que en febrero el presidente solicitó a la Función Pública -considerado el órgano anticorrupción oficial- iniciar la indagatoria, varios consideraron que al pedir a un subalterno que lo investigara parecía de antemano prever que concluiría en que su jefe no incurrió en ninguna irregularidad.

El resultado de la investigación de la Secretaría "es una burla que ofende a los mexicanos y confirma la impunidad en nuestro país", señaló en un mensaje en su cuenta de Twitter Ricardo Anaya, presidente de Acción Nacional.

Credibilidad destrozada

En diciembre de 2014 se desató un escándalo cuando una investigación del equipo de Carmen Aristegui reveló que la primera dama Angélica Rivera había adquirido en una exclusiva zona de la capital del país una mansión a un empresario que se ha beneficiado con contratos públicos.

Luego, otras investigaciones periodísticas revelaron que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, había adquirido una vivienda de una compañía del mismo empresario y que el presidente compró un inmueble a otro, pero que también era contratista gubernamental.

Andrade reveló que Rivera devolvió en diciembre la mansión, valuada en unos siete millones de dólares, que había adquirido en 2012.

La primera dama había dicho que vendería los derechos de la propiedad tras cuestionarse la relación del presidente con el dueño de Grupo Higa, a una de cuyas subsidiarias adquirió la mansión.

Unos días antes, además, Peña Nieto canceló la licitación para construir el primer tren rápido que había ganado un consorcio que incluía a una subsidiaria de Higa.

Andrade dijo que Rivera llegó a un acuerdo con la subsidiaria de Higa para pagar cerca de 10.5 millones de pesos en renta por los tres años que usó la propiedad. La compañía acordó regresarle unos 14.5 millones de pesos que ella había pagado.

El presidente había dicho que la investigación de la Función Pública sería acompañada por un grupo de expertos independientes, pero Andrade dijo el viernes que decidió no hacerlo y en su lugar anunció que hará pública toda la investigación y todos los documentos para que cualquiera los pueda revisar, lo cual consideró que es más transparente.

Interrogado con insistencia sobre si había un conflicto de interés en que él -como subordinado del presidente- encabezara las investigaciones, Andrade sostuvo que la indagatoria se sustentó en pruebas documentales y diligencias y sostuvo que si viera "cuestiones ilegales que me solicitaran, yo sería el primero en renunciar".