Fernando Damián/Milenio Digital
CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó como personal "no localizado" a mil 856 docentes y administrativos que en 2015 representaron más de 380 millones en la nómina educativa de 23 entidades federativas, pero que los responsables de las escuelas correspondientes no pudieron identificar.

No obstante, la "validación de plazas pagadas" solamente se pudo practicar en 29 de las 32 entidades federativas, pues en Chiapas, Michoacán y Oaxaca "no fue posible realizar los trabajos del proyecto por problemas con el magisterio", subrayó el órgano de fiscalización.

De acuerdo con el Informe Pase de Lista del Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), el estado con más personal "no localizado" fue Nayarit, con 519 personas y una asignación de 96.3 millones de pesos, seguido de la Ciudad de México, con 258 personas y 59.6 millones, así como de Guerrero, con 241 personas y 47.9 millones por solventar.

Destacan igualmente los casos de Sinaloa, con 141 trabajadores "no localizados" y una erogación de 31.1 millones de pesos; Baja California Sur, con 133 trabajadores y 28.2 millones; Durango, con 129 trabajadores y 27.4 millones, además de Morelos, con 101 trabajadores y 20.3 millones de pesos sin aclarar.

Con menos de cien casos se encuentran los estados de Colima (84), Yucatán (77), Tamaulipas (49), Veracruz (42), Chihuahua (33) y Baja California (20).

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El informe de la ASF detalla que, como resultado de las verificaciones físicas en los centros de trabajo, originalmente se contabilizaron dos mil 561 trabajadores como "no localizados".

El impacto estimado en principio sobre el monto de la nómina educativa fue de 541 millones de pesos, pero las entidades federativas requeridas aclararon la situación de 705 docentes y administrativos, con lo que redujeron casi 161 millones al volumen de recursos federales por solventar.

Adicionalmente, la ASF documentó en su informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2015 la ausencia sistemática de personal en centros educativos de todo el país por causas como cambio de adscripción, jubilación, comisión sindical, terminación de contrato y abandono de empleo.

El "pase de lista" precisa que el gobierno federal pagó dos millones 48 mil 470 plazas a un millón 274 mil 126 personas en 143 mil 332 centros de trabajo durante 2015.

El mayor número de plazas con cargo al Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa y Gasto Operativo se concentró en la Ciudad de México (189 mil 134), el Estado de México (149 mil 473), Jalisco (149 mil 473), Veracruz (118 mil 535) y Nuevo León (112 mil 175).

De la verificación de las plazas en 29 entidades federativas se concluyó que 76.4 por ciento corresponde a personal docente, 18 por ciento al administrativo, 4.6 por ciento al directivo y el restante al de supervisión.

Sin embargo, de las 830 mil 927 personas clasificadas como personal docente, únicamente 688 mil 469 están frente a grupo, mientras 142 mil 458 desarrollan funciones administrativas y otras funciones "no definidas".

Deficiente, el ejercicio del gasto de la SEP: PRD

Por otra parte, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, afirmó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ejerce el gasto público de manera deficiente y desordenada, sin verificar que efectivamente llegue a los beneficiarios de los programas.

"Sus programas carecen de información, indicadores, metas y no determinan la cobertura a atender ni tienen mecanismos para evitar duplicidades, evaluar sus alcances o determinar si llegan a los beneficiarios, lo que es sumamente grave", subrayó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro soslayó los avances que reporta la SEP en infraestructura educativa, pues las obras no corresponden con las necesidades diagnosticadas.

Martínez Neri citó como ejemplo de la deficiencia del gasto las observaciones que la ASF hizo al Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, donde uno de los problemas de mayor incidencia son las ausencias de personal por cambios de adscripción y los docentes no identificado por los responsables de los centros de trabajo.