Rubén Mosso/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- La investigación que realiza la PGR bajo la gestión de Arely Gómez por el caso Iguala, prácticamente ha llegado a un punto en que ratifica la versión de su antecesor en el cargo, Jesús Murillo Karam: los 43 normalistas de Ayotzinapa probablemente fueron ejecutados, quemados y sus restos arrojados al río San Juan, en Cocula, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, por el grupo criminal Guerreros Unidos.

El documento denominado “Informe del Caso Iguala” o también llamado Libro blanco, entregado a los padres de las víctimas y que hoy puede consultar la ciudadanía, destaca la participación de un operador criminal al que identifica como “indiciado 18”, quien es señalado constantemente por delincuentes como el responsable de generar el ataque contra los normalistas; el indiciado 18 continúa prófugo.

Milenio supo que el indiciado 18 es Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo o El Taí, el menor de cinco hermanos que se hacen llamar Los Tilos, célula delictiva que opera bajo las órdenes de Guerreros Unidos en los municipios guerrerenses de Iguala, Cocula, Taxco y Huitzuco, responsable de la venta de droga al menudeo.

Gildardo López Astudillo, El Gil, de quien se ha mencionado fue la persona que ordenó la ejecución e incineración de los normalistas, declaró que el indiciado 18, es decir, El Tilo, “comentó al indiciado 19” que los jóvenes que arribaron el 26 de septiembre a Iguala “eran los contras, que venían armados y que estaban peleando por la plaza”. El Tilo nunca dijo que solo se trataba de los estudiantes de Ayotzinapa.

El Tilo, mencionó El Gil, “fue el que inició el desmadre contra los estudiantes” y quien desolló al normalista Julio César Mondragón.

El informe del caso Iguala describe paso a paso cómo fue que 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 15 y 25 años, se dirigieron a Chilpancingo el 26 de septiembre de 2014 a bordo de tres autobuses, “que habían tomado en hechos no violentos minuto atrás, después de llevar a cabo actividades de colecta de recursos” y posteriormente llegaron a Iguala, donde municipales de esa localidad los atacaron y entregaron a policías de Cocula.

Asimismo, se enlista cada una de las acciones de búsqueda que se han llevado a cabo para dar con el paradero de los 43 normalistas, en las que han participado todas las instituciones de las fuerzas armadas y 16 equipos de inteligencia.

Destaca el apoyo brindado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), éste último que recomendó entregar los restos óseos calcinados, encontrados en el río San Juan, en Cocula, a la Universidad de Innsbruck, en Austria, misma que pudo identificar a uno de los normalistas desaparecidos: Alexander Mora Venancio.

Detenciones claves

En esta indagatoria se ha logrado la detención de sospechosos que se cree son los responsables de levantar, ejecutar, asesinar e incinerar a los jóvenes.

Por ejemplo, el 7 de noviembre de 2014, la PGR reveló la detención de Patricio Reyes Landa, El Pato,  y de Jonathan Osorio Cortes, El Jona, en el poblado de Apetlaca, municipio de Cuetzala del Progreso en Guerrero; lo que derivó en la localización y detención en Cocula de Agustín García Reyes, El Chereje.

Al rendir su declaración los tres confesaron haber recibido y privado de la vida al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula.

Posteriormente, el 16 de enero de 2015, se informó sobre la detención de Felipe Rodríguez  Salgado, El Cepillo y/o Terco, considerado clave dentro de la investigación, no solamente porque los testimonios lo señalaban como la persona que dirigió la operación conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas; sino porque también confesó su participación corroborando los hechos narrados por sus cómplices.

La “verdad histórica”

El 27 de enero de 2015, Murillo Karam concluyó que un grupo indeterminado de estudiantes había sido privado de la libertad, de la vida, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan; sin embargo, el 9 de febrero de ese mismo año, el EAAF manifestó imprecisiones en la investigación de la PGR en el basurero de Cocula, señalando que no estuvo presente cuando se recogió la bolsa con restos óseos, entre los cuales, se conoció después, estaba el de Mora Venancio.

El 27 de febrero de 2015, Gómez tomó posesión como titular de la PGR y ese mismo día arribó a nuestro país el GIEI, grupo que el 19 de marzo de 2015 pidió a la dependencia federal analizar la hipótesis de una posible desaparición forzada y no solo la línea de homicidio y delincuencia organizada.

A partir de 2015, el GIEI y el EAAF pusieron en duda la investigación de la PGR que señalaba que los estudiantes fueron calcinados en el basurero municipal de Cocula y sus restos arrojados en el río San Juan.

Meses después, el GIEI presentó un estudio practicado por el peruano José Luis Torero, el experto en materia de incendios determinó que en el tiradero municipal no pudo producirse un incendio de tal magnitud para calcinar los cuerpos de los 43 normalistas; mientras tanto, el EAAF reconoció que el basurero ha sido escenario de diversas conflagraciones desde 2010, donde han sido quemados cuerpos, pero que no existe prueba de que entre esas víctimas estén los 43 estudiantes.

La PGR convenció al GIEI de que un grupo colegiado llevara a cabo un nuevo estudio del fuego sobre lo que pudo haber sucedido en el basurero de Cocula, petición que los expertos aceptaron.

El grupo colegiado, conformado por especialistas internacionales que eligió la PGR y el GIEI, estableció que en el basurero de Cocula había indicios de que se quemaron los restos de 17 personas, informe que para la PGR hasta hoy es concluyente.

Línea principal

En el informe se puntualiza que las evidencias obtenidas hasta el momento por la PGR, permiten atribuir a Guerreros Unidos la responsabilidad por la desaparición de los normalistas y, por ende, presumir que ejecutaron y calcinaron a los jóvenes.

La PGR estableció que el modo de operar de esa organización criminal contra sus enemigos atendía  (según consta en una ampliación de declaración de Gildardo López Astudillo, rendida el 17 de septiembre de 2015) principalmente a los siguientes factores: a) Que hubiera indicios de pertenecer a otra  banda delictiva; b) Que generaran desmanes en la ciudades y, c) Que calentaran la plaza.

“De darse alguno de los supuestos, la respuesta (de Guerreros Unidos) sería altamente violenta privando de la libertad a las personas directamente o a través de algunos elementos de la policía de Iguala y Cocula; torturándolas, privándolas de la vida, incinerándolas e inhumándolas”, indica el Informe del Caso Iguala.