Guadalupe Selene Velasco García                  

Ciudad de México.- El desvío de 293 millones de pesos por el que son procesados ex funcionarios del Gobierno de Miguel Ángel Mancera pasa factura a bomberos y policías jubilados, así como a pensionados con discapacidades.

REFORMA publicó que Óscar Armando Peña Avendaño, ex director Administrativo del Heroico Cuerpo de Bomberos, y María del Carmen Ramírez Jasso, ex directora de Presupuesto de la Dirección General de Recursos Financieros de la otrora Secretaría de Seguridad Pública (SSP), firmaron en calidad de suplentes, la suspensión de cuotas al ISSSTE de 2016 a 2017.

Así, por los desvíos, jubilados a partir del año 2016 han tenido problemas con sus cuentas.

"Por lo que dicen, entonces sólo deberían de haber afectado el servicio médico, pero no, nos ha afectado en el pago de pensiones", reprochó un ex servidor público afectado.

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El impacto del daño al erario también se refleja en trámites que los pensionados han intentado realizar.

Por ejemplo, contó otro jubilado, él y varios de sus ex compañeros han solicitado el trámite de aumento de pensiones, pero les han respondido que para elevarlas de 2 mil a 2 mil 400 pesos mensuales, deberían de pagar entre 500 y 500 mil pesos a la Caja de Prevención de la Policía Preventiva de la Ciudad (Caprepol).

"Yo ni sabía que había algún problema y tampoco me lo dijeron las veces que iba a pedir información para aumento de pensión, sólo me decían que debía dar a la Caprepol casi medio millón de pesos según por aportaciones no pagadas", señaló el afectado.

Mientras, el programa de apoyo para policías y bomberos con discapacidad operado por el Gobierno capitalino reportó un subejercicio de 153 mil 787.3 pesos hasta el tercer trimestre del año pasado.