21 de Septiembre de 2018

México

CIDH deplora alto nivel de violencia en penales de México

El órgano internacional lamenta que se registren motines, enfrentamientos entre miembros de bandas criminales, fugas y otros desórdenes e irregularidades.

La CIDH subrayó que los estados tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles. (laotraplana.com)
La CIDH subrayó que los estados tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles. (laotraplana.com)
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El Universal
MÉXICO, D.F.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su preocupación por los altos niveles de violencia en los centros penales del norte de México.

Lamentó que en dichos centros penitenciarios constantemente se registran motines, enfrentamientos entre miembros de bandas criminales, fugas y otros desórdenes e irregularidades.

La Comisión Interamericana reiteró su llamado urgente a las autoridades mexicanas, a fin de que adopten las medidas idóneas, incluyendo reformas estructurales, destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios.

En un comunicado, se refirió a la muerte violenta de al menos 24 personas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 2 de Gómez Palacios, Durango, ocurrida el 18 de diciembre pasado.

El organismo instó al estado de Durango a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares y a investigar y sancionar a los responsables.

A través de un comunicado, refirió que, de acuerdo con información ampliamente difundida, en la tarde del martes 18 de diciembre de 2012, al menos quince internos y nueve agentes de custodia murieron en un enfrentamiento con armas de fuego en el Cereso No. 2 de Gómez Palacios.

"De acuerdo con la versión de fuentes oficiales, a raíz de un intento masivo de fuga. Luego de estos hechos, más de 500 reos habrían sido trasladados del referido centro penal, además aún habría varios heridos de gravedad", añadió.

Por ello, la CIDH subrayó que los estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles.

"El debido control por parte de las autoridades del orden interno en las cárceles es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad", asentó.

Los estados, añadió el organismo humanitario, tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia.

Apuntó que las investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad.

"La Comisión Interamericana manifiesta una vez más su profunda preocupación por los altos niveles de violencia en los centros penales del norte de México, en los que constantemente se registran motines, enfrentamientos entre miembros de bandas criminales, fugas y otros desórdenes e irregularidades".

La CIDH recordó que ya se ha manifestado por la muerte de 44 internos del Centro Penal de Apodaca, Nuevo León, ocurrida el 20 de febrero de 2012; la muerte de al menos 30 reclusos del Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas, el 4 de enero de 2012; la muerte 17 reos del Cereso de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 25 de julio de 2011, y la de 23 reclusos en el Cereso No. 1 de Durango, ocurrida el 20 de enero de 2010, en tres riñas simultáneas producidas en ese establecimiento.

Ante tales sucesos, reiteró su llamado urgente a las autoridades mexicanas, a fin de que adopten las medidas idóneas, incluyendo reformas estructurales, destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios.

"En este sentido, la CIDH subraya que el desarme de la población reclusa y los controles efectivos del ingreso de armas y otros objetos ilícitos en los centros penales, así como la prevención de las actividades de las organizaciones criminales presentes en las cárceles, son medidas concretas que el estado debe adoptar para reducir los índices de violencia carcelaria y para evitar la repetición de hechos de violencia similares".

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